El despliegue de policías en las aulas, una prueba piloto que el Departamento de Educación pretende desplegar en algunos institutos para reducir la conflictividad, ha encendido a la comunidad educativa a las puertas de un tercer trimestre cargado de nuevas huelgas. El plan se desplegará en 13 institutos, según la información adelantada por El País, con agentes de paisano estables en los centros, sin armas. Un “despropósito”, según la USTEC, sindicato mayoritario, y otras organizaciones como la Intersindical y Profesores de Secundaria (Aspec), que también se oponen. La oposición política también se ha sorprendido y lamenta las intenciones de un departamento cuestionado, en los últimos meses, por bloquear el diálogo con los sindicatos mayoritarios en el marco de la negociación laboral.
La CUP va aún más allá y ha presentado un requerimiento formal de cese al Gobierno. La formación anticapitalista entiende que la Generalitat ha actuado por vía de hecho –es decir, sin seguir los pasos formales que requiere un plan de esta magnitud– y activa así una fórmula legal para que el Gobierno se retracte en un plazo máximo de diez días. Este recurso permitiría a la CUP saltar a los tribunales si los departamentos implicados en la medida –Educación y, por extensión, también Interior– no dan marcha atrás. “Transcurrido el plazo […] sin que se haya producido el cese requerido, se procederá a interponer recurso contencioso administrativo por vía de hecho, de conformidad con el artículo 30 de la LJCA”, advierte el partido al final del recurso.
La formación independentista alega que el ejecutivo ha actuado “sin cobertura jurídica”. “No existe ninguna norma con rango legal o reglamentario que lo habilite”, expone el recurso. El plan, argumenta la CUP, no aparece en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), “requisito imprescindible para su eficacia y exigibilidad”, ni tiene “ninguna previsión en la legislación educativa vigente, ni en la normativa autonómica ni en la básica estatal”.
Los anticapitalistas también acusan al departamento de actuar “sin ningún mecanismo de participación” con la comunidad educativa, tal como han expuesto los sindicatos en los últimos días. Profesores de Secundaria (Aspec), sindicato más grande entre los profesionales de secundaria, confirma a El Món que no han recibido información al respecto, si bien especulan que “algunos directores” podrían haberlo pedido, haciendo caso de algunas informaciones publicadas. En todo caso, “cualquier conflictividad con los docentes no pasa por poner policías en las escuelas, sino reforzar la autoridad de los profesores”, apunta Ignasi Fernández. El sindicato se queja de que el departamento no les da apoyo legal cuando es necesario, lo que ven contradictorio con la medida que ha trascendido. En todo caso, insisten en que la polémica pone de manifiesto “que hemos tocado fondo”.
El resto de sindicatos tampoco se han puesto de cara. Desde la USTEC, principal sindicato del colectivo docente, también ha cuestionado la medida. “La presencia estable de policías de paisano en centros de secundaria no aborda las causas de fondo de la conflictividad y desvía el debate de los recursos que realmente necesitan los centros”, ha apuntado en un comunicado. «Los policías ya van cuando se les llama o asisten a algunas reuniones de coordinación cuando es necesario. Más allá de eso, es un despropósito y un malgasto de recursos», se queja Marc Martorell, de la Intersindical.
Primeras protestas en los centros
Las asambleas de docentes, que han ganado protagonismo con las huelgas de los últimos meses, también han generado movilizaciones en las escuelas. Las dos primeras en protestar son las comunidades educativas de los institutos Margarida Xirgu y de Eugeni d’Ors, ambos en Hospitalet de Llobregat. Son dos de los centros elegidos para iniciar la prueba piloto. “Es una medida surrealista que ha generado mucha indignación”, explica a este diario Xavi Vilanova, referente de la USTEC en el municipio. El portavoz asegura que, en los últimos dos cursos, se han reducido plazas de integradores sociales en mínimo tres institutos de Hospitalet. “Necesitamos más educadores e integradores sociales, no agentes en las escuelas. Es todo lo contrario a lo que estamos pidiendo”, se queja.
La protesta, que se ha convocado “de forma precipitada”, ha reunido a cerca de 130 personas, la mayoría docentes y algunos alumnos del instituto Eugeni d’Ors. Una protesta que coincide prácticamente en el tiempo con el anuncio de una nueva oleada de movilizaciones por la negativa del departamento a negociar al alza el acuerdo laboral firmado con la UGT y CCOO. Los cuatro sindicatos convocantes –USTEC, Aspec, CGT e Intersindical– tienen previsto anunciar nuevas protestas esta semana tras recibir el aval de la comunidad docente en una consulta la semana pasada.
