La Generalitat de Catalunya ha propuesto un plan piloto para frenar los comportamientos incívicos y posibles agresiones en los centros educativos, que incluye el despliegue de los Mossos d’Esquadra en los centros para realizar tareas de prevención y acompañamiento. Una medida, adelantada por El País, en la que el cuerpo policial se adentraría en zonas educativas de L’Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribagorça-Vall d’Aran y Tàrrega, y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell como prueba piloto, y lo haría a través de policías de paisano. Según aseguraron fuentes del Departamento de Educación a la ACN, la medida busca impulsar la figura de los agentes integrados como referentes en los centros.
Desde el departamento de educación explican que uno de cada dos países desarrollados cuenta con algún programa de integración y colaboración de la policía en el ámbito escolar con fines preventivos y comunitarios, y añaden que dentro del Estado español Galicia, Navarra, Andalucía, Madrid o las Islas Baleares ya han implementado programas similares.
Los socios de investidura y la CUP presionan al Gobierno
El globo sonda de esta prueba piloto ha hecho que los grupos parlamentarios se hayan puesto en contra de la propuesta y también el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. En declaraciones hechas a la ACN, el consistorio pratense aseguró que no hay ningún centro del municipio en el que esté prevista la presencia de los cuerpos policiales. Fuentes municipales señalaron que se está mejorando la coordinación con los Mossos, pero que esto «no pasa» por la presencia de la policía en ningún instituto de la localidad. Por su parte, la CUP ha asegurado que es una medida «ridícula» la prueba piloto del Gobierno y señalan que, en lugar de poner recursos para desplegar los planes de convivencia que reclaman los centros, se apuesta por una medida que «no gusta a nadie».
Quienes también han cargado contra la prueba piloto del Gobierno han sido sus dos socios preferenciales y con los que mantiene una pugna para aprobar los presupuestos. Los dos socios de investidura, ERC y Comuns, han reclamado una «rectificación» al ejecutivo catalán. Desde ERC aseguran que llevarán la cuestión al pleno del Parlamento de la semana que viene y alertan de que el despliegue de este plan podría llegar a «ser discriminatorio», ya que se señalan los centros educativos donde se desplieguen los efectivos policiales. La formación republicana asegura que la convivencia en los centros debe basarse en la «dignificación y adecuación de los espacios, y la dotación del personal docente y de apoyo necesario en aquellos centros donde pueda haber necesidades de atención a la complejidad que sean específicas». Por su parte, los Comuns alertan de que el Gobierno ha actuado de forma «unilateral» y «de espaldas a la comunidad educativa» y denuncian que la medida que busca el ejecutivo catalán «ni es pedagógica ni mejora la convivencia ni es coherente con el modelo de escuela que necesita Cataluña».
Quien también se ha pronunciado ha sido la exconsejera de educación Anna Simó (ERC), quien a través de las redes sociales ha asegurado que no entiende «nada» la medida. «No lo entiendo. Nada. Educadores sociales, técnicos de integración social, orientadores. Pero, ¿policía?», ha espetado desde su cuenta de Twitter -ahora conocido como X-.
De hecho, desde los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Candidatura d’Unió Popular (CUP) y los Comuns han solicitado la comparecencia de la consejera de Interior, Núria Parlon, y la consejera de Educación, Esther Niubó.
Los sindicatos y los docentes, contra la propuesta
Una propuesta de poner policía en las aulas que no ha terminado de convencer al sector educativo y ha enfurecido a docentes y sindicatos. ‘Desmilitaritzem l’Educació’ ha exigido que se retire inmediatamente la propuesta, la cual califican de «despropósito». «Condenamos la deriva autoritaria de este tipo de programas, que alimentan un discurso social antidemocrático basado en el uso de la fuerza, el castigo y la vigilancia, aunque se edulcore con palabras como disuasión o intervención preventiva», destacan desde el colectivo.
Los sindicatos también han estado en pie de guerra contra la propuesta. Desde el Sindicat Professors de Secundària han denunciado que lo que hay que hacer es «garantizar el respeto hacia el profesorado y su autoridad» y no poner policía en las aulas. «Lo más importante para nosotros es que el Departamento de Educación y los equipos directivos de los centros den la cara por el profesorado y se personen como acusaciones en casos penales», han señalado en las redes sociales. «Si el Gobierno despliega policía en las aulas, medida bastante extrema, es que se reconoce que estamos tocando fondo», han sentenciado.
Desde la USTEC, uno de los sindicatos mayoritarios y con más fuerza, han rechazado la propuesta señalando que «el departamento responde con una lógica policial a un problema educativo y social que hace años que la comunidad educativa denuncia» y lamentan que la presencia policial «no aborda las causas de fondo de la conflictividad y desvía el debate de los recursos que realmente necesitan los centros». La CGT también ha mostrado el malestar por la posible presencia policial en las aulas señalando que esta «no aumenta la seguridad y tiende a criminalizar al alumnado más vulnerable» y que puede generar «desconfianza y estigmatización», y alerta que la propuesta del Gobierno muestra similitudes con el «fracasado» modelo norteamericano.
Marc Martorell, portavoz de Intersindical Educació, también cuestiona la medida: «Hay centros con complicidad, pero no es la manera de resolverlo. Se debe poner más educadores más servicios sociales. Estamos trabajando con colectivos vulnerables. Los policías ya van cuando se les llama o van a algunas reuniones de coordinación cuando hace falta. Más allá de eso, es un despropósito y un despilfarro de recursos». «Nos acerca a algunos modelos de EE.UU. que no nos gustan», añade el referente sindical.
El impacto de la medida propuesta por el Gobierno ha hecho que incluso los sindicatos afines al ejecutivo catalán y con los que firmó mejoras laborales y salariales para el sector le hayan dado la espalda. Desde CCOO no han mostrado ninguna conformidad por la posibilidad de que los Mossos entren en las aulas de paisano. El secretario general de Educación de CCOO, Edu Núñez Martínez, ha asegurado que el Gobierno no tiene «el enfoque correcto» y destaca que la «complejidad» en los centros educativos llega por la «falta de políticas públicas decididas».
