La presencia polémica de mossos en los institutos de secundaria será «voluntaria» –por parte de los centros– y en ningún caso «sustituirá la labor de los docentes», sino que la «complementará». Es la defensa que el Departament d’Educació hace de la prueba piloto que se ha iniciado en 14 institutos catalanes tras las críticas recibidas por diferentes sectores de la comunidad educativa, con los sindicatos de docentes a la cabeza. “Estamos en una fase muy embrionaria”, ha remarcado esta tarde la consejera del ramo, Esther Niubó. El departamento asegura que «no hay un problema de seguridad ni convivencia» en las escuelas, pero defiende igualmente la presencia de los agentes como medida «preventiva».
“Se trata de un cambio de enfoque: pasamos de un escenario en el que los agentes se incorporaban cuando había un conflicto a un momento de prevención. Se trata de prevenir el estallido de los conflictos”, ha argumentado Niubó. Según la consejería, la prueba piloto se inicia a partir de una petición de algunas escuelas del Baix Llobregat y ha comenzado a implementarse en una quincena de centros de seis áreas educativas. El mosso, según detallan desde el departamento, tendrá unas tareas asignadas, si bien las direcciones tendrán «flexibilidad» para adaptarlas a sus necesidades. En estos momentos se han asignado seis agentes a los centros escogidos, todos ellos con formación sobre mediación y contacto con el territorio, asegura el departamento.
Desde el departamento mantienen que aún es pronto para fijar el papel concreto de cada agente, si bien niega que tengan un papel punitivo; no entrará a las aulas, no irá armado ni uniformado, y su labor será de acompañamiento al personal docente. Ahora bien, aunque concretar que los profesores seguirán siendo los encargados de conducir un conflicto en las clases, la consejera Niubó ha remarcado que “ahora el docente tendrá una herramienta más” para la resolución de conflictos. «Son figuras que no se deben menospreciar, con un conocimiento comunitario y del territorio extenso», defienden los equipos de Educación ante las voces críticas, que apuestan porque esta labor la asuman educadores sociales.
“Los agentes tendrán funciones genéricas y cada caso se adaptará a la manera de trabajar de cada centro, que son diferentes. No es lo mismo centros que tienen educadores e integradores que otros que no los tengan”, concretan otras fuentes del departamento. En este sentido, Educación confirma que algunos institutos que han entrado al plan no tienen esta figura del educador social, que también suele tener conocimientos de mediación.
El departamento alega que siete de cada diez sistemas educativos encuestados en 2022 por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el organismo encargado de las pruebas PISA, declararon que colaboraban con la policía. En este sentido, insisten en que esta colaboración ya se realiza en Cataluña, aunque más bien con agentes locales y en casos puntuales.
El plan será siempre «optativo»
La consejera Niubó ha remarcado que las direcciones de todas las escuelas que forman el plan han querido participar y que tienen otras que están interesadas. En todo caso, el programa piloto “no se ha impuesto” a ningún centro y la vocación, una vez sea examinado, es que el programa sea “voluntario”. Desde el departamento también remarcan que los centros escogidos forman parte de una muestra y que no se han escogido en función de las encuestas internas de conflictividad, sino de las valoraciones que llegan a los servicios territoriales del departamento.
El plan comenzó a trabajarse en febrero de este año, con reuniones entre los departamentos de Educación e Interior. El siguiente abril se hizo una primera reunión con los centros de la prueba y a final de curso –julio de 2026– se realizará la primera evaluación. La intención es realizar una segunda evaluación a final del primer trimestre de 2027, una vez se haya concretado y activado con más profundidad el papel de estos mossos.
