Aprovechando la constitución de la Mesa del Parlamento, en que el juntaire Josep Rull ha sido elegido como presidente, la comunidad educativa ha trasladado su lucha a las puertas de la cámara catalana. Concretamente, unos cincuenta miembros del personal de atención educativa (PAE) -el colectivo que engloba educadores de educación especial (EEE), técnicos especialistas en educación infantil (TEEI), integradores sociales (TIS) y auxiliares de educación especial (AEE)-, convocados por el sindicato mayoritario USTEC-STE con el apoyo de la CGT, se han concentrado ante el Parlamento de Cataluña para exigir al futuro Gobierno mejoras retributivas y la «dignificación» de sus condiciones de trabajo. De hecho, han aprovechado la situación para registrar una moción que recoge sus principales reivindicaciones. Los concentrados denuncian que todavía están «sometidos» al convenio del año 2008, un convenio que los sitúa en una categoría profesional inferior a la que los correspondería.
Es por este motivo, pues, que una de las principales reclamaciones que han hecho sentir a las puertas del hemiciclo es la reclasificación del personal de atención educativa -tal como ya hicieron el pasado 9 de mayo a las puertas de la sede del Departamento de Educación. Iolanda Segura, portavoz nacional de USTEC, ha dicho que el objetivo de la protesta de este lunes es que todos los partidos los escuchen y adquieran compromisos firmes: «Estamos aquí para visibilizar la problemática que sufrimos”, ha remachado la representante sindical en defensa de este colectivo, uno de los más esenciales por el buen funcionamiento de la escuela inclusiva. En este sentido, Eva Costa, de USTEC también, ha asegurado que la reforma de la LOE ya contempla este extremo y ha dicho que “solo está pendiente de consolidarse».
El agravio económico de la infracategorización
En estos momentos, según el VI Convenio colectivo, el personal de atención educativa se encuentra dentro del grupo laboral de la categoría C1, un grupo por debajo del cual los correspondería, el B. Uno de los grandes problemas que genera esta infracategorización es la pérdida de «300 euros en el mes». Una cifra que, a pesar de que de entrada no parece muy significativa, escala por sobre los 4.000 euros cada año. Además del agravio económico, los concentrados también reclaman la equiparación de derechos con los docentes. Entre estas equiparaciones hay el mes de julio como un mes de formación; la reducción de dos horas de atención directa al alumnado para el personal mayor de 55 años; o el reconocimiento y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de primer ciclo de la escuela rural, puesto que, a pesar de que llevan a cabo tareas de educadores de guardería, se los contrata como especialistas en educación infantil.
