Cataluña tiene 240 centros de máxima complejidad y 490 de alta complejidad, lo que representa un 24% del total de escuelas e institutos públicos del país. El Departamento de Educación otorga estas clasificaciones especiales en función del nivel socioeconómico de las familias o si los alumnos tienen necesidades educativas especiales, con el objetivo de destinarles más recursos para garantizar que los estudiantes más vulnerables del país tienen las mismas oportunidades que el resto de niños y adolescentes del sistema educativo catalán. En detalle, la ley de educación de Cataluña (LEC), del año 2009, establece que la financiación de los centros públicos y concertados debe regirse por criterios de suficiencia y que los centros deben recibir recursos adicionales en función de las necesidades específicas. Es decir, que las escuelas e institutos de mayor complejidad deben recibir más dinero para llevar a cabo sus tareas.
Las escuelas de mayor complejidad, sin embargo, denuncian que aún les faltan recursos para poder abordar los retos que enfrentan día a día. Así lo confirma el último estudio de la Fundación Bofill en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) a partir de una encuesta a 852 docentes y 155 miembros de equipos directivos, de una muestra representativa de 78 centros de primaria y secundaria -públicos y concertados- de alta y máxima complejidad. Entre otros, el informe elaborado por un grupo de cinco investigadores alerta que, sin más recursos y más «políticas públicas» por parte de la administración catalana, estos centros no pueden mejorar los resultados educativos -uno de los principales retos del conjunto del sistema educativo.
Una educación inclusiva sin recursos perjudica el rendimiento académico
«Hacer una educación inclusiva sin recursos tiene efectos negativos académicamente, y nos faltan recursos», reflexiona el jefe de estudios del Instituto Nicolau Copèrnic de Terrassa, Bernat Escapa, en conversación con El Món. En este sentido, el jefe de estudios denuncia que el decreto de inclusión, aprobado en el año 2017 por el gobierno de Carles Puigdemont, aún no ha comenzado a desplegarse: «No hay ni para empezar», asegura Escapa.
Luchar contra el estigma de la complejidad
Uno de los principales frentes abiertos de los centros de mayor complejidad de Cataluña es la lucha contra el estigma que tienen los estudiantes de estas escuelas e institutos: «Nuestro objetivo es velar por la calidad educativa, por la excelencia. Que el hecho de haber nacido en Ciutat Meridiana [uno de los barrios de la periferia de Barcelona] no suponga un estigma», argumenta la directora del Institut Escola Mestre Morera, Elisenda Roda, que asegura que en su centro, situado en esta zona, los alumnos tienen buenos resultados en las pruebas de competencias básicas. En este sentido, sin embargo, la directora del instituto insiste en que los resultados académicos, a raíz de las pruebas diagnósticas del departamento, no deben ser la única medida para valorar el trabajo que se hace en este tipo de centros. Un pensamiento compartido entre los centros de mayor complejidad. De hecho, según los datos de la encuesta de la Fundación Bofill, «el 70% del profesorado» de los centros encuestados considera que «los resultados no ofrecen una imagen fiel de su trabajo en el aula y el centro». Para la entidad de pedagogos, sin embargo, a pesar de las percepciones de los centros, mejorar los resultados académicos, representados a partir de las competencias básicas, es esencial.
La directora del Institut Escola Mestre Morera también denuncia que la falta de recursos por parte de la administración catalana provoca falta de personal en el centro: «Estamos en una zona vulnerable, donde cuesta más acceder a un logopeda o un psicólogo, porque los servicios públicos están saturados. Necesitamos más perfiles de este tipo», argumenta Roda. En este sentido, el jefe de estudios del Instituto Nicolau Copèrnic de Terrassa también apunta que su centro también necesitaría «más profesores» para poder abordar los retos del día a día: «Nos permitiría reducir las ratios», argumenta Bernat Escapa, que explica que, en su centro, ya tienen una ratio de 20 alumnos por aula, pero a costa de «sacrificar» otros aspectos: «Tenemos que hacer clases partidas para poder hacer co-docencia [es decir, colocar dos profesores en una misma aula]», relata el jefe de estudios.
Cambios constantes en los claustros
Uno de los principales factores que influyen en el funcionamiento de los centros más complejos del sistema educativo, según apunta el análisis de la Fundación Bofill, es la movilidad de profesores y la «inestabilidad» de los claustros, ya que dificultan la posibilidad de consolidar un proyecto pedagógico. En detalle, según los datos de la consejería de Educación, entre el año 2018 y el 2023 se ha sustituido más de la mitad de los docentes -un 53%, concretamente- que trabajaban en estos centros de máxima complejidad. Una cifra ligeramente superior a la movilidad docente registrada en los centros de baja complejidad, donde ha habido cambios en el 50% de los claustros: «Nosotros tenemos la sensación de tener que hacer malabares para confeccionar la plantilla», admite Bernat Escapa, que confía en que después del macroproceso de estabilización que llevó a cabo la administración catalana el año pasado la situación mejore y se fijen, mínimamente, los claustros.
Ahora bien, la directora del Institut Escola Mestre Morera también recuerda que el concurso de traslados que se está produciendo en estos momentos, al que ha tenido que participar obligatoriamente todo el profesorado funcionario en prácticas y el profesorado funcionario de carrera en servicio activo que no tenga una destinación definitiva -tal como determinan las bases de la convocatoria de Educación-, también generará «más movilidad»: «Nosotros tenemos una plantilla bastante estable, pero con el concurso de traslados habrá cambios. Tendremos que volver a empezar a cohesionar y hacer una buena formación al inicio de curso», explica Elisenda Roda, que asegura que «tienen muy claros» sus objetivos como centro educativo.
Para garantizar una cierta estabilidad en los claustros, desde la Fundación Bofill proponen crear un conjunto «de incentivos» para garantizar que los docentes quieran ir a estos centros más vulnerables y, especialmente, quedarse. Uno de los incentivos que plantean es reducir una hora lectiva a los docentes de los centros públicos de mayor complejidad -pasando de 23 a 22 en primaria y de 18 a 17 en secundaria-, ya que de esta manera se genera más tiempo para la formación, la coordinación y el trabajo de los proyectos de los centros. Una idea que, desde el Institut Escola Mestre Morera ven con buenos ojos, ya que desde la Fundación defienden que la reducción horaria debería ir acompañada de dotar de más peso a otras figuras como psicólogos, educadores sociales, psicopedagogos, logopedas o enfermeras. Esta es una de las propuestas de la Fundación Bofill para paliar las carencias de los centros públicos más complejos del país, pero desde la entidad alertan, tal y como confirman los mismos centros con los que ha conversado este diario, que sin más recursos, aún quedarán muchas asignaturas pendientes.
