Docentes, personal de atención educativa, médicos, campesinos, maquinistas, pasajeros de Rodalies y trabajadores del servicio de emergencias 112. Estos son los colectivos que se han alzado en pie de guerra y se han subido al tren de la revuelta social contra el gobierno de Salvador Illa, que encadena crisis tras crisis. En pleno colapso ferroviario, después de la revuelta por el estado de Rodalies del sábado y de la tractorada que paralizó el centro de la capital catalana el pasado viernes, ahora el ejecutivo catalán se enfrenta a un nuevo conflicto con los sindicatos educativos del país. Este miércoles hubo la primera muestra de la envergadura del conflicto con la manifestación masiva en Barcelona, que reunió a más de 70.000 docentes, según cifras de los sindicatos –25.000, según la Guardia Urbana. Lleida, Tortosa, Tarragona y Girona también salieron a la calle, de manera que la participación en estas protestas sectoriales en el conjunto del país ha sido superior a las 100.000 personas. Y, mientras los docentes no aflojan, los médicos vuelven a la carga la próxima semana con dos nuevas jornadas de huelga, el lunes 16 y el viernes 20 de febrero. El tren de la revuelta social va bien lleno, y no parece tener freno.
Los sindicatos de docentes consideran la huelga de este miércoles «histórica». Con un seguimiento del 88% en todo el país, según cifras de los organizadores, y un 40,9% de acuerdo con los últimos datos facilitados por la consejería –cifras que los docentes rechazan, ya que también incluyen a los profesionales de la concertada, que no estaban convocados a la huelga–, maestros, profesores y personal educativo han vaciado las aulas y han salido a la calle para reclamar mejoras laborales y salariales para todo el sector: «Estamos en una situación límite. No podemos sostener más estas condiciones: la burocracia nos ahoga, las ratios son demasiado elevadas, no podemos atender al alumnado de forma individualizada como se merece, necesitamos muchas más manos«, ha argumentado la portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura. Esta huelga no es un hecho puntual, sino una muestra de la organización de los claustros y las direcciones que llevan meses clamando contra la precarización de su profesión. Y es una lucha compartida, tal como ha quedado patente en las manifestaciones de todo el país.
Para hacer oír su voz, los docentes no han limitado su protesta a una manifestación, sino que han paralizado la movilidad del país con varios cortes en las carreteras a primera hora de la mañana. En estos cortes de tráfico se han vivido algunos momentos de tensión cuando los agentes de los Mossos d’Esquadra han empujado a algunos de los manifestantes y han generado una imagen que habla por sí sola: funcionarios cargando contra funcionarios que reclaman condiciones de trabajo dignas. Y, aún más, policías enfrentados a profesionales de la educación. A las puertas del Departamento de Educación, en la Via Augusta barcelonesa, también se han vivido algunos momentos de tensión, pero la situación no ha ido a más. Estas escenas de confrontación, sin embargo, muestran la crispación de un colectivo esencial cada vez más ahogado por las condiciones laborales y económicas que fija el Gobierno. «El Departamento de Educación no está poniendo los recursos humanos ni económicos para sacar adelante el proyecto educativo de un país con una educación del siglo XXI», ha exclamado la portavoz de CCOO, Ester Vila Guillamet.
El Gobierno complica aún más el conflicto
Veinticuatro horas antes del inicio de la huelga educativa, la consejería que dirige Esther Niubó anunció que ya tiene «lista» una propuesta de mejora del complemento específico que permitiría aumentar el sueldo de los docentes y del personal de atención educativa. Es decir, una propuesta que resolvería algunas de las principales reclamaciones del colectivo, que denuncian que la Generalitat lleva más de una década sin actualizarles este complemento, que es competencia de Cataluña. Esta misma mañana, el secretario de Mejora Educativa del departamento, Ignasi Giménez, ha defendido que la propuesta que prevé presentar a los sindicatos en la reunión de la próxima semana incluye un incremento del complemento específico, aunque no ha concretado de cuánto. Hoy mismo, sin embargo, representantes sindicales se han reunido con la consejería justo después de la movilización y, al salir de la reunión, han asegurado que el departamento no les ha concretado la propuesta de mejoras laborales y salariales que asegura tener lista.
La revuelta social de maestros, profesores y personal de atención educativa también viene acompañada de una presión creciente de la oposición sobre el gobierno de Salvador Illa. Esta misma mañana, en el Parlamento, el consejero de la Presidencia en funciones de presidente, Albert Dalmau, se ha enfrentado con la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mónica Sales, y le ha reprochado que la pérdida de poder adquisitivo que denuncian los maestros viene de los recortes del gobierno que lideró Artur Mas: «¿Sabe de qué se quejan los docentes y de dónde vienen los recortes y la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los docentes?», ha afirmado el consejero. Es decir, lejos de encontrar soluciones, el Gobierno, un año y medio después de comenzar su mandato, se niega también a hacer autocrítica por el malestar de los profesionales del sistema educativo. La huelga de este miércoles ha evidenciado su poder de movilización y, tal como han dejado claro en reiteradas ocasiones, abre un nuevo período de lucha. Ahora trabajan con la propuesta de una semana entera de huelga, prevista para el mes de marzo, y aseguran que mantendrán el pulso hasta conseguir sus objetivos.
Los médicos también redoblan la presión sobre Salvador Illa
Los docentes no son los únicos que se han puesto en pie de guerra. Desde el pasado mes de octubre, el colectivo médico del país, canalizado por el sindicato Metges de Catalunya, ha protagonizado varias jornadas de huelga para reclamar mejoras laborales para el sector, ya que denuncian que, como los maestros, están al límite del colapso. Inicialmente, las primeras protestas ponían el foco en el estatuto marco que negociaba Madrid -ahora ya preacordado con algunos sindicatos, pero sin el apoyo de los médicos-, pero desde el sindicato han terminado poniendo en el centro la gestión del Departamento de Salud, de la consejera Olga Pané, ya que la competencia de buena parte de sus reivindicaciones recae en Cataluña. De hecho, tal como admitió el director general de Profesionales de la Salud de la consejería, Jordi Vilana, el pasado 27 de enero, la regulación de las jornadas, horarios y descansos del personal del servicio público de salud corresponde a las autonomías, no al gobierno español. Es decir, el conflicto principal es contra la administración catalana, no contra Madrid.
De momento, los médicos están convocados a la huelga el lunes y viernes de la próxima semana. Desde el sindicato convocante de las protestas avisan a la responsable de la cartera de Salud que «no puede eludir su responsabilidad», ya que consideran que «tiene el deber institucional y político de escuchar a los representantes de los facultativos y de ofrecer soluciones ante un malestar real que está provocando que cada vez menos médicos quieran trabajar en el sistema sanitario público». Ante la falta de negociaciones con los responsables de la consejería de Salud, con quienes no mantienen ningún encuentro desde el pasado 3 de octubre, los médicos ya trabajan con nuevas movilizaciones de cara al mes de marzo, lo que aún endurece más la presión sobre el gobierno de Salvador Illa. De hecho, las protestas de docentes y médicos podrían llegar a coincidir en espacio y tiempo, ya que una parte importante de sus quejas son compartidas.
El cóctel de conflictos sociales que presiona al Gobierno
El Gobierno ha vivido un mes de enero muy convulso por el caos ferroviario de Rodalies y el de alta velocidad, y febrero no ha comenzado mejor. A la presión política y social por la mejora de la red de trenes que conecta el país también se suman las protestas del sector de la agricultura, que continúan presionando al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, para que resuelva de una vez sus reivindicaciones -que no son nuevas. Entre otras, el campo catalán mantiene su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y piden avanzar en los protocolos sanitarios ante la ola de enfermedades que sufre el sector o recalcular los impuestos de hidrocarburos. Estas reivindicaciones, sin embargo, continúan sin respuesta.
A este cóctel también se han sumado los trabajadores del 112, que han denunciado este miércoles desde las puertas de la sede de Interior que el servicio de emergencias colapsa por las condiciones en que trabajan, motivo por el cual luchan para que la Generalitat cree un convenio propio de emergencias «adecuado» a la realidad del servicio. Aunque hay unos 200 operadores que dan atención a todo el territorio catalán, aseguran que en la práctica son unas 15 personas por turno. Así, cuando se producen picos de trabajo, puede haber cola de llamadas, lo que dificulta el servicio. «A veces hay previsión de episodios, de temporales o grandes emergencias, pero el servicio no está preparado actualmente para dar respuesta en esta magnitud», ha argumentado el miembro del comité de huelga en representación de CCOO, Christian Díaz-Santos. Rodalies, campesinos, trabajadores del teléfono de emergencias, médicos y profesionales de la educación. Cinco frentes abiertos que ponen en el punto de mira la gestión de los servicios esenciales del país por parte del gobierno de Salvador Illa.
