Crece la presión para que los jueces puedan intervenir en la decisión sobre la custodia de los menores en situación vulnerable que llegan a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Un informe del Consejo de la Abogacía Catalana reclama que los órganos judiciales puedan determinar si un menor realmente se encuentra en una situación de desamparo y decidan sobre la custodia y las medidas de protección que se deben aplicar en cada caso. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sido menos contundente y ha abierto la puerta a estudiar un “mecanismo de decisión más colectivo” sobre la tutela de los menores, ya que ahora la decisión recae solo en un funcionario de la DGAIA y solo hay un control judicial si los progenitores impugnan la medida.
“Hace tiempo que le doy vueltas y más gente le da vueltas. Hay cosas que se deben meditar”, ha admitido Illa en el marco del acto Plaça Brusi organizado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). El presidente de la Generalitat ha evitado hablar de un cambio radical en el sistema de custodia y ha preferido limitar la actuación judicial a “algún caso” concreto más que incluirse por norma en el sistema. “El servidor público que debe tomarla [la decisión sobre la custodia del menor] tiene mucha responsabilidad”, ha reconocido. “No es dar una licencia de obras”, ha insistido Illa, quien ha recordado que las intervenciones sobre menores también afectan a los progenitores.
La transformación de la DGAIA, en marcha
La investigación de Antifrau y de la Sindicatura de Cuentas por numerosas irregularidades en el sistema de contratación y el caso de la niña tutelada de 12 años violada por varios hombres durante un año y medio han puesto a la DGAIA en el ojo del huracán. El Gobierno ha anunciado un plan de “refundación” y “transformación” para actualizar el sistema de protección a la infancia de la Generalitat, pero ha pedido tiempo a la oposición para ponerlo en marcha. “No nos pueden pedir que hagamos en 10 minutos lo que no se ha hecho en una década”, decía este miércoles en el Parlamento la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, quien también admitió una “excesiva externalización” del ente. “A nadie se le ocurriría que una pensión de jubilación estuviera vigilada por una entidad del tercer sector. Hay cosas que se deben hacer dentro de las administraciones públicas”.
Esta semana, los educadores sociales también han cargado contra el sistema “obsoleto” de la DGAIA y han reclamado que haya más trabajo con las familias precisamente para evitar que se recurra con tanta frecuencia al ingreso en un centro de menores como solución para todo. El informe del Consejo de la Abogacía Catalana, adelantado por La Vanguardia, va en la misma línea y alerta que la institucionalización ha crecido en “exceso” en los últimos años y también avisa que el sistema actual no funciona. “La revisión judicial posterior a la declaración de desamparo y la adopción de medidas de protección actuales son claramente insuficientes para dotar al sistema de un auténtico control jurisdiccional”, reza el texto.
El Consejo de la Abogacía apuesta por introducir cambios legislativos para que sean los jueces quienes asuman tanto la declaración de desamparo como la adopción de las medidas de protección y defensa que se debe hacer siempre a propuesta de la Administración y después de la comparecencia de progenitores, cuidadores y el mismo menor. La entidad considera importante que los niños puedan mantener el contacto con la familia y se garanticen una serie de visitas. También considera relevante que haya una lista de peritos de designación judicial sin vínculos con la Administración que puedan emitir dictamen sobre las medidas a tomar, siempre con requerimiento judicial. Asimismo, proponen que sean los juzgados de primera instancia los que resuelvan sobre las situaciones de desamparo, pero opta por crear juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia. “Es la mejor forma de proteger a las víctimas menores de edad”, argumentan.
