Francesc Xavier Ten i Figueras (Calella, 1960) lleva casi 35 años ejerciendo como juez de paz en su municipio natal, un cargo para el cual no es necesario ser licenciado en derecho y que se elige en el pleno municipal del Ayuntamiento. El actual presidente de la Asociación Catalana en Pro de la Justicia -una entidad formada por jueces de paz titulares, sustitutos y exjueces de Cataluña-, organización de la cual fue elegido dirigente en el año 2002 y ha ido revalidando su mandato desde entonces cada cuatro años, ha sido condecorado con la medalla de honor de la Generalitat de Cataluña del año 2015 por sus «servicios excepcionales a la justicia» y la cruz distinguida de la orden de San Raimundo de Peñafort (2006) que otorga el Ministerio de Justicia. En esta entrevista con El Món, Xavier Ten expresa su malestar por la propuesta de ley del gobierno español, la cual prevé reorganizar el sistema judicial del Estado español y, entre otras cosas, eliminar los jueces de paz, y advierte de los efectos que tendría para Cataluña suprimir esta figura, muy arraigada entre la población catalana: «¡Que no nos den gato por liebre!», exclama.
Usted lleva casi 35 años ejerciendo como juez de paz. ¿Qué es lo que engancha tanto de esta tarea?
Que podemos dar servicio a los vecinos en muchos ámbitos. El juez de paz es el primer escalón de la estructura judicial del Estado y actuamos en diferentes terrenos. Por un lado, en el Registro Civil, como oficina colaboradora, que comprende los anteriores Registros Civiles Delegados. Los jueces de paz somos una de las figuras que pueden oficiar un matrimonio civil. También tenemos competencias para dirimir juicios verbales de hasta 90 euros y para realizar actos de conciliación, que son los que se hacen previamente a interponer una demanda. Si dos personas tienen un conflicto y en el juzgado de paz lo podemos solucionar, se ahorrarán tener que contratar un abogado, un procurador e ir al juzgado de primera instancia. Por otro lado, en el ámbito penal, nos ocupamos de transmitir sentencias o documentación que se envían a los ciudadanos y pasan a través de los juzgados de paz para que no tengan que desplazarse a los juzgados. En definitiva, atendemos problemas que, aunque puedan parecer menores, si no se atienden pueden ser la semilla de problemas más graves. Es por eso que es necesario diseñar, con nuevas bases, una justicia de paz y de proximidad.
Por ejemplo?
Crear un ámbito de participación ciudadana abierta a la justicia para idear mecanismos de elección de los jueces y juezas de paz democráticamente, algo que evite una excesiva politización por parte de los ayuntamientos. Considero que esta debe ser una de las herramientas de participación ciudadana en la justicia. Un ámbito donde se deben encontrar soluciones de derecho, o de mediación de muchos problemas sociales que la justicia debe atender y ayudar a resolver, ya que a menudo son la base para una buena convivencia social.
La convivencia social, sin embargo, no es la misma en un municipio pequeño, con pocos habitantes, que en una gran ciudad. ¿La labor de los jueces de paz debería adaptarse a las condiciones demográficas?
En Cataluña la justicia de paz tiene una gran implantación territorial en 898 municipios de los 947 que hay en Cataluña. Los juzgados de paz se encuentran en muchas poblaciones de pocos habitantes, pero en otras como puede ser Calella, Salt o Sant Cugat con miles de habitantes. Es decir, el juez de paz es una figura respetada que tiene un arraigo muy grande y que se ve como la justicia más cercana ejercida por un vecino o una vecina a quien sus conciudadanos le reconocen esta potestad. Las competencias son las mismas, pero en poblaciones de pocos habitantes el juez de paz actúa en cualquier controversia para avenir a las diferentes partes y encontrar soluciones.
Es decir, aunque las competencias son iguales, la labor se adecúa a cada población.
En la sociedad no hay pequeños o grandes problemas, sino cuestiones que tienen trascendencia en la vida y la relación de las personas, que deben encontrar una respuesta en la justicia. Es por eso que la justicia de paz es el marco adecuado para resolver estos pequeños, pero importantes, conflictos.
La propuesta de ley del gobierno español pretende eliminar la figura de los jueces de paz. ¿Qué efectos tendría para Cataluña?
Nos encontramos en un momento decisivo con el proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de justicia y acciones coactivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, que se tramita en el Congreso de los Diputados. Esta ley puede suponer el fin de la justicia de paz en Cataluña, lo que entendemos que sería contradecir el modelo de justicia establecido en el Estatuto. Desde la Asociación Catalana en pro de la Justicia que presido estamos atentos. No puede ser que la remisión a la regulación de la LOPJ [Ley Orgánica del Poder Judicial] suponga dejar sin contenido y eliminar este ámbito de la justicia. Supondría incumplir el Estatuto y un ataque a nuestro modelo institucional. La justicia de paz contiene, en su esencia, una función con capacidad jurisdiccional y con competencia en el ámbito del registro civil, derecho civil y penal que ha tenido tradicionalmente. La ley debe suponer un refuerzo de la justicia de paz para hacerla más útil al servicio de la sociedad, como deseamos. Sería, si me lo permite, un fraude de ley.
Entonces, ¿cree que en lugar de reducirles las competencias, la nueva ley debería otorgarles más?
Sin duda deberá tener más competencias, en todos los ámbitos.
¿Qué propone?
Por un lado, en el ámbito del procedimiento civil, es irrisoria la competencia de los jueces de paz en una cuantía de hasta 90 euros [actualmente, los jueces de paz solo tienen competencias en los asuntos de cuantía inferior a los 90 euros, excepto los supuestos incluidos en el artículo 250.1 de la ley de enjuiciamiento civil que, por razón de la materia, corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción]. Conviene modificar esta cuantía por la de hasta 15.000 €. Por otro lado, en lo que respecta a la disolución del matrimonio por separación o divorcio, proponemos atribuir la competencia que se otorgó a los notarios de separaciones o divorcios de mutuo acuerdo en que no concurran hijos menores. Es un servicio que, si lo pueden hacer los notarios [tal como avala la ley 15/2015], también lo podemos hacer los jueces de paz. En este caso sin un coste añadido y con una implantación extensa en el territorio. Por último, en el ámbito penal proponemos volver a juzgar delitos leves que nos atribuya la ley.
El Govern de Pere Aragonès se posicionó a favor de los jueces de paz y aseguró que defendería, a través del proceso de enmiendas, que estas figuras sean los jefes de las nuevas oficinas judiciales municipales. ¿Se trata de una solución aceptable?
Yo creo que no. Pensamos que no son aceptables soluciones en las cuales quedamos reducidos a simples figuras decorativas como se proponía en una enmienda transaccional en la pasada legislatura sobre esta ley. Dicho esto, pero, como colectivo queremos dejar bien claro, que solo son jueces de paz los que son miembros del poder judicial y ejercen funciones propias de estos, es decir, funciones jurisdiccionales. Su mantenimiento en Cataluña sería como jefes de las oficinas municipales de justicia, pero si no tienen función jurisdiccional no los llamamos jueces de paz. ¡Que no nos den gato por liebre [exclama con contundencia]!
¿Cree que este compromiso se mantiene ahora que los socialistas gobiernan tanto en Cataluña como en España?
El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler dijo el pasado 19 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de los Jueces de Paz, que el Govern apostará por mantener los jueces de paz, ya que son un elemento de construcción de la convivencia. El conseller definió los juzgados de paz como «la cara más cercana de la justicia» porque facilita los trámites burocráticos, el acceso de las personas a la tutela judicial y la resolución de conflictos vecinales, de una manera más cercana y personal. También destacó que la justicia de paz «es el primer nivel de la justicia de proximidad, al servicio de la ciudadanía las 24 horas del día, los 365 días del año» y que los «jueces de paz son figuras muy arraigadas en los municipios que se han ganado la confianza de los ciudadanos». En este sentido, pues, los juzgados de paz «son un elemento de construcción de la convivencia. Esta se gana resolviendo los problemas de cerca».
La voluntad del Govern de Cataluña es encontrar un encaje y un respeto para estas competencias, en el marco de las futuras oficinas municipales de justicia, que se regulan en el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. El conseller trasladó la voluntad del Govern de preservar la figura del juez de paz al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la reunión que mantuvieron en Palau, a finales de septiembre. Así que parece que sí.
