Fue una sorpresa el pasado 20 de junio, cuando el director general de Memoria Democrática, Xavier Menéndez, no se presentó en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Girona. Era un caso histórico a raíz de una demanda interpuesta por un familiar que reclama la exhumación de los restos de Delfí Sedó Freixes, asesinado por fusilamiento por parte de la dictadura franquista en el año 1943.
De hecho, era la primera vista judicial sobre la fosa del cementerio viejo de Girona, donde están enterradas más de 500 personas ejecutadas por el franquismo. La familia, el ministerio fiscal y representantes del Ayuntamiento de Girona y de Bescanó se personaron la vista. Solo faltó quien administrativamente tiene la responsabilidad delegada en estos asuntos, la dirección general de Memoria Democrática, que depende directamente del consejero de Justicia, Ramon Espadaler.
La ausencia fue bastante sonora y levantó cierta polvareda, hasta el punto de que la diputada de ERC por Girona, Laia Cañigueral, pidió explicaciones en el Parlamento. Unas explicaciones que han llegado de manos del departamento de Justicia y Calidad Democrática con un «informe-respuesta» donde apuntan que la causa de la ausencia fue un malentendido entre funcionarios debido a que la citación: iba dirigida a «Memorial Democrático» y no «a la Dirección General de Memoria Democrática», que son dos áreas diferentes de la misma consejería. Nadie encontró la manera, al parecer, de hacer llegar la citación al despacho correspondiente del mismo departamento o, al menos, de alertarlos.
«Total disposición» del Gobierno
«El informe respuesta», al cual ha tenido acceso El Món, asegura que la ausencia fue debido a lo que define como una «incidencia administrativa». Una «incidencia que impidió la tramitación de la citación correspondiente al órgano competente del Departamento de Justicia y Calidad Democrática». «El órgano competente», continúa la respuesta, «en materia de intervenciones en fosas comunes es la Dirección General de Memoria Democrática, y la citación estaba dirigida al Memorial Democrático».
De todas maneras, el departamento «reitera su plena y total disposición a colaborar en todas las actuaciones que se consideren oportunas con relación a la fosa de Girona, a requerimiento del Juzgado y de las familias afectadas». Precisamente, la respuesta incluye un reproche a las familias «que no se han puesto en contacto con el departamento para tratar la cuestión». En todo caso, el Gobierno destaca que la fosa común de Girona es «masiva» –con más de mil personas, de las cuales la mitad serían ejecutados por el franquismo– y que «se ha dignificado» con un monumento que «contiene los nombres de las víctimas fusiladas», entre las cuales se encuentra Delfí Sedó Feixes.
