Bofetada de la poderosa Sala de lo penal del Tribunal Supremo a la estrategia de
En una interlocutoria de seis páginas, a la que ha tenido acceso El Mundo, la Sala razona que los hechos imputados únicamente son l‘autorización para que los parlamentarios no utilizaran de forma obligatoria el castellano y los fuera permitido el uso otras lenguas oficiales del Estado. Un permiso que se acordó «en un contexto de modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir esta situación». De hecho, el tribunal remarca que la «modificación del Reglamento que tuvo lugar dos días después cuando se aprobó la nueva redacción por autorizaba en la cámara el uso de lenguas diferentes del español”.
No hay prevaricación en ninguna parte
En la resolución, el ponente Andrés Martínez Arrieta, añade que el hecho que «no estuviera expresamente autorizado en la sesión del día 19 de septiembre, no significa que no se pudiera autorizar la utilización, en la forma en que se utilizó, y de acuerdo con la modificación que tendría lugar dos días después”. En este marco, remarcan que el delito de prevaricación, del que acusaba Vox, «exige que la acción imputada sea ilegal, injusta y arbitraria». Por lo tanto, no basta con la «mera contrariedad al derecho sino que hace falta que esta contrariedad al derecho sea una contrariedad a los principios y valores constitucionales».
«La mera ilegalidad», continúan los magistrados, «es susceptible de ser corregida mediante la utilización de las normas de policía, incluso judicialmente, reposando la legalidad rota, pero el delito de prevaricación exige un plus de contrariedad con la norma causante de una lesión de valores y principios constitucionales que al hecho denunciado no concurre”.
