La Fiscalía General del Estado ha anunciado esta mañana que ha recibido y registrado una denuncia presentada por el PSOE contra el diputado y presidente de Vox, Santiago Abascal. Una denuncia en que aportan las sus declaraciones públicas desde Argentina que consideran objeto de ser un presunto delito de odio. Abascal, como diputado en el Congreso es aforado, de aquí que la Fiscalía General del Estado haya trasladado la denuncia y el registro de diligencias a la fiscalía del Tribunal Supremo, competente por estos casos.
De todas maneras, el mismo ministerio público apunta que analizará el contenido para valorar si hay o no indicios de delitos. Una vez superada esta fase, practicará las diligencias que considere oportunas para comprobar los hechos y determinar la responsabilidad penal de los autores. Una vez haya cumplido estos trámites, la fiscalía sopesará si presenta denuncia o querella ante el Tribunal Supremo o bien archiva el caso.
“Clara incitación al odio”z
Según el escrito de denuncia registrado por el PSOE se acredita una “clara incitación directa al odio y la discriminación” después de que el dirigente asegurara el pasado domingo que “habrá un momento” en que el pueblo querrá “colgar de los pies” el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una expresión que interpretan como una “clara alusión en la muerte del italiano dictador fascista Benito Mussolini el 28 de abril del 1945”. “La imagen del dictador colgado por los pies por el pueblo es la referencia exprés al que pasó con el cuerpo de Benito Mussolini el 28 de abril de 1945, que después de ser fusilado, su cuerpo fue llevado en Milà y abandonado en una plaza para que una muchedumbre enfurecida lo insultara y maltratara físicamente, colgándolo después boca abajo de una viga de metal”, subraya el escrito.
Los socialistas insisten que las palabras de Abascal “van mucho más allá del derecho al honor del presidente”, del partido “o las personas del gobierno o incluso la institución que representan”. “Suponen una grave quiebra de la convivencia y de la orden constitucional, puesto que buscan un ataque en el pensamiento político socialista, y las decisiones que desde este se puedan adoptar, dando lugar, a aquello que precisamente intenta evitar, con los llamados delitos de odio, un señalamiento público de un colectivo”, añaden.
