Òmnium Cultural ha pedido recusar al juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que tiene que decidir sobre la imposición de un 25% de castellano en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Maresme). La entidad ha interpuesto un recurso contra la alteración del tribunal aprobada por el TSJC y quiere recusar al presidente de la sala contenciosa-administrativa, Javier Aguayo. Según las normas del mismo TSJC, no le correspondería presidir el tribunal que tiene que decidir sobre el caso.
La organización, que representa a familias del centro de Canet, asegura que todo ello es una «maniobra para interferir en la resolución del caso”. El abogado Benet Salellas ha cuestionado que el TSJC actúe con “criterios objetivos e imparciales» y denuncia que la “judicatura está posicionada de forma beligerante contra el modelo de escuela catalana». Òmnium también avisa que el TSJC ha citado a tres centros educativos el mismo día, un movimiento que interpreta como una operación planificada para «resolver de golpe, con una resolución calcada y en pleno periodo electoral”.
Guerra abierta entre el TSJC y la Generalitat por el 25% de castellano
La defensa de las familias de la escuela de Canet considera que los movimientos del TSJC se entienden mejor en el contexto de la guerra abierta que hay entre el tribunal y la Generalitat. El TSJC siempre se ha posicionado a favor de introducir el 25% de castellano en las aulas a pesar de que la ley no menciona porcentajes, mientras que la Generalitat aprobó una nueva ley y un decreto para decir explícitamente que hablar de cuotas de lengua va contra el modelo educativo de Cataluña.
«Sospechamos que la maniobra busca interpretar en un sentido contrario al que recoge el nuevo marco normativo y aplicar el 25% sin hablar de porcentajes”, dice Salellas. La lucha contra la inmersión lingüística ha generado un frente común poco habitual en el Parlamento. ERC, Junts, el PSC y los comunes se han puesto de acuerdo para consensuar un nuevo marco normativo para intentar proteger la inmersión lingüística y alejarla de los tribunales de justicia.
