Òmnium Cultural ha presentado un recurso al Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el pasado mes de octubre reconoció el derecho de una alumna de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, en la comarca del Maresme, a recibir una clase en castellano además de la troncal, es decir, más castellano del establecido inicialmente. La entidad considera que esta sentencia supone una “intromisión” del poder judicial en el poder legislativo al marcar el modelo lingüístico escolar, cosa que vulnera la normativa internacional de protección de las lenguas minorizadas. Es bajo este pretexto que Òmnium ha decidido llevar la decisión del TSJC a la siguiente instancia.
En concreto, la sentencia del TSJC hace referencia a la casuística de esta alumna, pero no modifica el plan educativo del centro, es decir, obliga que el castellano sea vehicular al menos en una asignatura troncal -sin contar lengua castellana- y que se le garantice el derecho a la alumna de primaria en cuestión a recibir la clase en castellano, pero no obliga la escuela a modificar el proyecto lingüístico, tal como la familia pedía de entrada, pero el Departamento de Educación capitaneado por la consejera Anna Simó se opuso firmemente. Ahora, pero, el recurso que presenta Òmnium contra la sentencia recuerda que el mismo TSJC presentó una cuestión de constitucionalidad ante los cambios legislativos aprobados por el Gobierno y el Parlamento, que hacían imposible aplicar el 25% de castellano en las aulas, como había dictaminado hasta entonces. Ahora bien, el recurso remarca que en la sentencia se llama que no hay que esperar a la resolución del Tribunal Constitucional, puesto que la decisión del TSJC no afecta todo el sistema educativo, sino solo a la clase de la alumna afectada.
«Intromisión judicial»
El escrito que presenta la entidad, redactado por el abogado Benet Salellas, acusa el tribunal de «intromisión» del poder judicial en el legislativo: “Los jueces y magistrados no pueden decidir el modelo educativo, solo pueden valorar la adecuación a este modelo establecido por el legislador de las decisiones que adopte la administración educativa”, señala Òmnium, que añade que «cuando los magistrados entran en política es lógico plantear que existe una finalidad impropia, una desviación de derecho». Salellas también considera que se ha vulnerado la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, que el Estado español ha firmado, y que prevé la enseñanza completa en la lengua minorizada. De hecho, en esta línea, alega que no existe el derecho individual a recibir la educación en castellano, puesto que no consta en ninguna normativa legal, por lo cual no se ha vulnerado ningún derecho, pero que, en cambio, sí que se ha incumplido el derecho del resto de alumnos del aula a recibir las clases en catalán.
