La entrada en vigor de la ley de amnistía también tiene un protagonista colateral, los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y, entre estos, los Mossos d’Esquadra, sobre todo después de que el juez instructor de la causa del Proceso, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, haya mantenido vigentes las órdenes de detención estatales para el presidente al exilio Carles Puigdemont, el eurodiputado de Juntos, Toni Comín, el ex consejero Lluís Puig y por la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Una decisión que choca con el espíritu de la ley del olvido penal para el independentismo que prevé el levantamiento de las órdenes de detención, una vez el texto entrara en vigor.
Llarena, de momento, las mantiene vigentes hasta que el tribunal decida si aplica o no la amnistía. Una situación de punto muerto que obliga a los Mossos d’Esquadra tomar medidas y prevenciones. Así, el comisario en cabeza del cuerpo, Eduard Sallent, ha querido sacar presión a la tropa de la policía de la Generalitat asumiendo que sea directamente la Jefatura de los Mossos la que ordene a los agentes si se tiene que proceder a una detención de cualquier investigado, con una orden pendiente, pero que fuera objeto claro de la ley de amnistía. Por ejemplo, los cuatro casos que tiene Llarena, entre los que se cuenta Puigdemont, quienes ya ha apuntado su voluntad de volver al Principado para someterse en su debate de investidura. Sallent quiere mantener y establecer el procedimiento que se produjo con la detención de la ex consejera Clara Ponsatí.
Una orden interior de página y media
Con esta intención, Sallent, un mando convencido que la mejor improvisación es la que está preparada, ha emitido una orden interna de página y media, a la que ha tenido acceso El Mundo, con que detalla las instrucciones dirigidas «a todas las unidades». El documento, con numeración PREP 2448-2024 de fecha 11 de junio, recuerda que se ha aprobado la ley de amnistía que tiene por objetivo «superar la crisis política y social vivida en la última década y contribuir a la mejora de la convivencia». Así mismo, el comisario en ninguno hace una explicación sintética del que supone la ley para extinguir responsabilidades penales, administrativas o civiles alrededor del proceso soberanista.
En este contexto, Sallent recuerda que como policía con funciones integral en el territorio de Cataluña, la entrada en vigor de la ley «podría comportar que en determinados supuestos se suscitaran dudas respecto de su aplicación en el ejercicio de la actividad operativa, como podrían ser los casos, por ejemplo, de tener que dar cumplimiento a determinadas órdenes administrativas o judiciales». Es decir, a cumplir una orden de detención como las que sostiene Llarena. «En este sentido», alerta Sallent, «se recuerda a todas las unidades y miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra concernidos que cuando se tenga conocimiento, por razón del ejercicio de su función policial, de cualquier hecho o acción que sea susceptible de encuadrarse en el ámbito objetivo de la ley de amnistía lo tienen que comunicar a la Jefatura de Policía«.
Esto quiere decir, que cualquier agente, cuando esté haciendo de policía, que se tope con la presencia de Puigdemont tendrá que contactar con la Jefatura para recibir las órdenes pertinentes. Una manera de descomprimir los agentes de base de la policía ante una virtual entrada de Carles Puigdemont. Según la comunicación interna, la Jefatura de los Mossos hará las «comprobaciones en el sentido de validarlas con los órganos administrativos, judiciales o contables competentes de acuerdo con la ley». En este sentido, indica que «de manera subsiguiente se realizarán las comunicaciones y se adoptarán las órdenes pertinentes dirigidas a las unidades policiales que correspondan». Al final, la responsabilidad operativa de la detención será siempre a cargo de la Jefatura.
