Ante la reacción, acción. Este es el criterio que se han apresurado a aplicar los abogados del Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA), en colaboración con la entidad catalana Derechos, que hace de acusación popular en el caso, para contrarrestar la negativa de la justicia española, comunicada este martes, a investigar Mariano Rajoy, dos de sus ministros -Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro– y la cúpula de Interior y del Cuerpo Nacional de Policía, por la trama andorrana de la operación Cataluña. De hecho, la negativa de la Audiencia de Madrid a auxiliar judicialmente la justicia andorrana por defectos formales en la entrega de documento, se conoció por la prensa catalana y española que difundieron el contenido de la resolución.
A partir de aquí, los abogados del IDHA han presentado un escrito ante la jueza instructora de la pata de l‘operación Cataluña en Andorra en que reclaman tramitar de nuevo las comisiones rogatorias por los investigados, pero cumpliendo con los requisitos que ahora demandan los tribunales españoles. Así, ruegan a la batlle andorrana que remita la interlocutoria de admisión a trámite de la querella y aporte una «sucinta» narración de los hechos investigados en el sumario, individualizando el papel de cada querellado y su presunta responsabilidad. En este sentido, también reclaman aportar la ampliación de querella presentada el pasado octubre de 2023, donde se amplían hechos y se detallan todavía más pruebas recogidas durante la investigación.
Dónde es el informe del servicio de policía?
El escrito, de seis páginas, y al que ha tenido acceso El Món, los abogados de IDHA, coordinados por el letrado Alfons Clavera, también reclama a la jueza saber donde para el informe del servicio de la policía andorrana. Un atestado que la jueza instructora ordenó el 23 de mayo de 2022 a los agentes de la policía económica y financiera para que «esclarecieran la verdad», les libraba una copia de la causa y los comisionaba para poder actuar con los cuerpos de policía extranjeros, especialmente, con los cuerpos policiales españoles.
En todo caso, los abogados de IDHA esperan que la renovación de las comisiones rogatorias no duerman el sueño de los justos y se apresuren a ser enviadas con toda la documentación y requisitos que exige la judicatura española. Una desazón por parte de los letrados porque las comisiones rogatorias ahora rechazadas se remitieron en España en junio de 2022 y hasta ahora no se han resuelto, después de un verdadero lío jurisdiccional y trabas, entre la fiscalía, la abogacía del Estado, los juzgados penal y los tribunales contencioso–administrativos.
