El juicio contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comenzado fuerte. Después de recordar al tribunal, que «no» ha cometido ningún delito, su defensa ha remachado denunciando las irregularidades y, sin mencionarlo, la sombra de lawfare que planea sobre la inédita vista oral contra una alta institución del Estado. Así, su abogada, Consuelo Castro, ha alegado un concepto que no ha hecho ninguna gracia ni a las acusaciones, ni a determinados miembros de la sala segunda, la Penal, del Tribunal Supremo, que preside Andrés Martínez Arrieta. En concreto, que su cliente ha sido «víctima de una presunción de culpabilidad». Una estrategia que ha comportado «numerosas irregularidades durante las indagaciones». En resumen, ha pedido anular el material obtenido en los registros que, en buena parte, son las pruebas supuestamente incriminatorias.
De hecho, la letrada que se sentaba junto a García Ortiz porque el Tribunal ha permitido al acusado sentarse con toga en el estrado, ha subrayado lo que califica «de irregularidades cometidas en la instrucción». «Se han cometido tantas, que nos permite sostener que el fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto”, ha remachado. En esta línea ha disparado contra el juez instructor, Ángel Hurtado, acusándolo de maniobrar para que su cliente no pudiera defenderse en «condiciones exigibles». Así ha resaltado que el instructor nunca ha descartado cualquier «otra alternativa» que la culpabilidad de García Ortiz. «Ha actuado con la idea preconcebida de que era culpable” ha señalado para reprocharle que solo “pruebas incriminatorias”.
En este sentido, la abogada del Estado que coordina la defensa de García Ortiz, ha aprovechado para contextualizar la acusación hacia su cliente. Y cargar contra la acusación de haber filtrado información relativa a Alberto González Amador -pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– que pactaba una conformidad con la fiscalía con el reconocimiento de haber cometido un delito fiscal. García Ortiz se enfrenta a una acusación particular, la de González Amador, y de seis populares, que le piden penas de hasta 6 años de prisión y 12 de inhabilitación, y 400.000 euros de multa.
Prueba por prueba
La letrada ha cargado las tintas contra las virtuales irregularidades registradas en los registros del 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entonces también investigada y ahora testigo. En estos registros se obtuvieron los indicios clave contra García Ortiz. Es decir, las comunicaciones internas de la Fiscalía la noche de la presunta filtración a la Cadena Ser, el 13 de marzo de 2024, y el contenido del teléfono móvil borrado del fiscal general.
Precisamente, en este punto la defensa ha aportado un informe pericial, que el instructor rechazó, que acreditaría que «es imposible saber qué mensajes fueron borrados el 16 de octubre de 2024». El mismo día, que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aseguró en un informe que había borrado el móvil hasta dos veces. De hecho, en la búsqueda interna del móvil del fiscal general por la palabra «Campos» -apellido del periodista Ángel Campos de la SER- fue negativa. Un extremo enfatizado por la defensa.
Por otra parte, y con habilidad, la defensa ha pedido aducir a la causa una serie de mensajes en X de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso y testigo, acreditarían «la difusión de una idea de confabulación entre Fiscalía, Hacienda y Gobierno para perjudicar» a la presidenta madrileña, porque «constituyen un contexto importante». Lo que la letrada ha definido como «mentira», una «bola» que generó una nota de prensa que abrió la investigación.
La Fiscalía contra la ficción del juez instructor
Tampoco se ha quedado corta la fiscalía al analizar la instrucción. La fiscalía, que pide la absolución, está ejercida por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la primera de la carrera fiscal María Ángeles Sánchez Conde. La fiscal ha atacado sin rodeos la manera en que se llevó a cabo la instrucción y, en concreto, cómo se obtuvieron las pruebas. En dos líneas, Sánchez Conde ha asegurado que con los registros en los despachos se vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz. Una decisión adoptada a raíz de una «ficción» del magistrado instructor, que, a su parecer, «no tiene ni el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico».
«Aún está esperando la Fiscalía que nos haga un solo dato que la filtración se dio por medios telemáticos», ha ironizado la número dos del Ministerio Público. Por otra parte, se ha sumado a la petición de prueba documental de la defensa que sustenta la tesis de la construcción del «relato deliberado para perjudicar al fiscal general». Asimismo, también ha respaldado la petición de la prueba pericial que desmiente la prueba de la UCO sobre las comunicaciones de García Ortiz y los datos borrados de su móvil.
Las acusaciones también piden pruebas
En cuanto a la acusación particular, ejercida por González Amador, y que dirige el abogado Gabriel Ramos, ha reclamado al tribunal incorporar unas conversaciones de WhatsApp entre Campos y el letrado del empresario en la causa por fraude fiscal, Carlos Neira, la noche del 13 de marzo. Ramos también ha pedido incorporar como prueba documental la noticia del diario ‘El País’, de las 7.14 del 14 de marzo, porque, según ha relatado, «recoge la existencia y el contenido» del email del 2 de febrero de 2024, del cual la Fiscalía informó en la nota de prensa que publicó ese mismo día a las diez y 22 minutos.
El resto de acusaciones se han sumado a la petición y han hecho nuevas. Por ejemplo, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha instado a unir los protocolos de actuación firmados por la Abogacía y la Fiscalía de Madrid sobre acuerdos de conformidad. Por otra parte, la mayoría de las acusaciones se han opuesto a incorporar los mensajes de X del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, al entender que no tienen relación con la causa.
