Una vez que el tribunal de la Audiencia Nacional, formado por José Ricardo de Prada y las magistradas María Fernanda García, como ponente, y Mercedes del Molino, decidió que el presidente Jordi Pujol puede ser juzgado, ha comenzado la vista oral del juicio contra el expresidente y su familia, así como una quincena de empresarios, por diversos delitos de corrupción. El presidente del tribunal, con muchas horas de vuelo en la Audiencia Nacional, sabía que una vez abriera la veda a los abogados defensores no habría suficiente muro de contención para detenerlos y, sobre todo, dibujarían el marco de un juicio que será muy técnico y con una gran y profunda carga política. De hecho, todos los letrados que han intervenido han blandido la operación Cataluña como el gran telón de fondo del caso Pujol.
De nada le han servido las peticiones de síntesis del tribunal al abogado de Jordi Pujol Ferrusola, que como ha recordado argumentaba «para cinco». El letrado Cristóbal Martell venía con los deberes más que hechos y no se ha dejado arrinconar con la excusa de la brevedad. No ha sido breve, pero sí que ha cumplido con las tres «c»: claro, contundente y convincente. Con una oratoria sublime, ha sorteado bien las expresiones de los magistrados que intentaban apresurarlo y a quienes finalmente ha obligado a sacar el bolígrafo para tomar notas de las líneas maestras de lo que son las «cuestiones previas» del juicio. Es decir, aquellas cuestiones, dudas razonables o faltas de origen que pueden invalidar la acusación y, de rebote, el juicio, o bien reducir los delitos de la acusación.
Las siete cuestiones previas
Martell ha ido al grano y ha descrito con temple las cuestiones previas que deben modificar el curso y el futuro más inmediato del juicio. En primer lugar, ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar la causa. En este sentido, ha recordado la doctrina más reciente del Tribunal Supremo que insiste en la garantía del derecho predeterminado por la ley y en el hecho de que ninguno de los delitos por los que se acusan se cometieron en el extranjero, y por lo tanto el tribunal especializado no le correspondería una causa que se podría ver perfectamente en la Audiencia de Barcelona. Una doctrina que, incluso, ha defendido Manuel Marchena, expresidente de la sala penal del Tribunal Supremo.
En segundo lugar, Martell ha enfatizado otra de las fisuras de las acusaciones, tanto de la fiscalía como de la abogacía del Estado: la falta de concreción de los delitos y de los hechos imputados. Martell ha reprochado que hayan hecho una acusación «genérica, universal y abstracta, una pura abstracción conceptual» que no se ha concretado. Es decir, para el letrado no se pueden defender de los delitos de los que se acusan de corrupción pública y de los que derivan posteriores delitos de blanqueo porque es una «defensa imposible». Ningún dato concreto, ninguna resolución, ningún sujeto pasivo o acto administrativo que apunte que Jordi Pujol Ferrusola cometiera corruptelas y consiguiera comisiones ilegales a cambio de obtener licitaciones. Esta falta de concreción también ha sido defendida por Oriol Rusca, abogada de la exesposa de Jordi Pujol Júnior, Mercè Gironès.
En tercer lugar, Martell ha remarcado la denegación de la prueba que considera fundamental para delimitar los hechos que se juzgan. También ha incorporado, como cuarta cuestión, la prescripción de los delitos fiscales de 2007 y 2008 y, por tanto, de los delitos de blanqueo que se podían derivar. Y así también, ha pedido tener presente el resultado de las comisiones rogatorias a Andorra y a México, que no ayudaron a forjar el relato de las acusaciones sobre los negocios y los fondos en los dos países. Y, para finalizar, ha solicitado declarar la nulidad de una entrada y registro en el despacho del asesor fiscal de los Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté, que se basó en la sospecha de la trama suiza de la familia Pujol, que no se ha recogido ninguna prueba en el sumario y por la relación que supuestamente tenía la familia en un caso que había llevado el asesoramiento Carreté. Una relación que nunca se ha constatado.
Josep Pujol, la trama andorrana
En el turno de las cuestiones previas, el abogado de Josep Pujol, Jaime Campaner, además de añadirse a las cuestiones previas de Martell y Rusca, ha añadido el componente de la policía patriótica y la denuncia de Victòria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Júnior. Campaner ha sintetizado la evolución temporal de la causa y ha centrado la pelota y el origen en la portada de El Mundo del 7 de julio de 2014, y la posterior confesión del presidente Pujol, aunque las diligencias son de 2012, pero que estuvieron dos años letárgicas.
También ha pedido la nulidad de actuaciones desde el 6 de junio de 2017 que afecta a los delitos fiscales que se atribuyen a Josep Pujol, a raíz de un informe presentado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que no solicitó ni el Juzgado de Instrucción. De hecho, ha alegado que nunca fue informado de la acusación de delito fiscal sino de blanqueo de capitales. Por su parte, Francesc Sánchez, abogado de Oriol Pujol, ha ido directo al grano y ha dejado entrever que sus clientes no se llaman «González Amador» -como la pareja de Isabel Díaz Ayuso– porque sino «estarían negociando con la fiscalía un pacto por delito fiscal». Además, ha subrayado la relación del caso con la policía patriótica y ha recordado la declaración del comisario José Manuel Villarejo en Andorra.
