Los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín ha denunciado ante la Comisión Europea la equiparación que la Fiscalía española hizo entre el independentismo catalán y el terrorismo. En su informe anual del 2021, el ministerio público incluyó el “movimiento violento independentista catalán” en el mismo apartado que grupos como ETA o los Grapo. ERC y Junts denunciaron la comparación hace un par de semanas y han pedido explicaciones en el gobierno español. Ahora, la polémica llega a Bruselas de la mano de los exiliados.

El grupo de Junts en el Parlamento Europeo ha registrado una pregunta escrita a la Comisión Europea para saber si Bruselas considera adecuado que la Fiscalía española califique de actos terroristas acciones de protesta como los desórdenes públicos, el corte de carreteras o la quema de banderas españolas y símbolos franquistas. Los eurodiputados denuncian el “mal uso” del término terrorismo y su “incompatibilidad” con la legislación europea sobre la materia. “Violar estas líneas democráticas no tendría que quedar impune”, critican.

Puigdemont, Ponsatí y Comín en el Parlamento Europeo / ACN

Ofensiva de ERC y Junts para pedir explicaciones a Fiscalía

ERC también ha registrado varias preguntas en el Senado para reclamar explicaciones al presidente español, Pedro Sánchez, puesto que el informe de la Fiscalía hace una “relación de acciones violentas y de sabotaje” en el estado español donde también incluye manifestaciones ilegales o la colocación de pancartas. El ministerio público mantiene que entre el 2017 y el 2019 el independentismo creó una «red genuina, coordinada y dinámica dedicada a la violencia de calle», mientras que de 2021 destaca los cortes de la Meridiana como actividades radicales y violentas.

La senadora republicana Laura Castel denunció el informe “escandaloso” de la Fiscalía General y la diputada de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, le reprochó que se hiciera la sorprendida cuando “hace meses” que el ministerio público cataloga el independentismo como terroristas. La Fiscalía ya había incluido el caso Volhov en la carpeta de “terrorismo” en Cataluña, tal como explicó este diario en septiembre del 2022.

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