Nueva fase de la represión contra el Primero de Octubre. Este martes, el presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, ha registrado su escrito de defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Un escrito contra las acusaciones del ministerio fiscal y de la abogacía del Estado, así como de Vox, por su participación en el referéndum del 1-O. Tanto Jové como Lluís Salvador, exsecretario de Hacienda y actual director del Puerto de Barcelona, así como la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, niegan los hechos y cargan contra la instrucción del caso que lideró el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, donde todavía está pendiente de cerrar la investigación respecto a la veintena larga de procesados que quedan.

La petición del ministerio fiscal para Jové, exnúmero dos de Oriol Junqueras en la vicepresidencia del Gobierno, es de 7 años de prisión, 32 de inhabilitación y 30.000 euros de multa; a Salvadó le pide 6 años de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y una multa de 24.000 euros. En cuanto a la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, reclama un año de inhabilitación y 28.000 euros. Así mismo, añade una responsabilidad civil de 754.920 euros. Fiscalía no aplica la malversación atenuada y considera que los tres maniobraron para desviar fondos para la organización del referéndum. Por su parte, la abogacía del Estado no acusa a Salvadó pero sí a Jové. Jové introduce el Catalangate en el caso y defiende la legitimidad del Proceso soberanista.

Instrucción y la sospecha de Pegasus

En todo caso, el escrito de defensa, coordinado por los abogados Cristina Rodríguez y Andreu Van den Eynde, niega los hechos porque no son constitutivos de ningún tipo de delito. Así, carga especialmente las tintas con la instrucción. De hecho, recuerdan que el caso todavía se tiene que cerrar para el resto de procesados, ya que hace tres semanas el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona se inhibió hacia el 13 para analizar las actividades relacionadas con la política exterior de la Generalitat desde 2010 hasta 2017.

Jové denuncia que se ha articulado judicialmente una causa general contra el independentismo y alrededor del 1-O. En este sentido, el escrito de defensa detalla el operativo policial que trabajó sin control judicial para construir su causa y articular una investigación prospectiva “sobre ningún hecho concreto, ni en relación a ninguna persona concreta, basándose en una criminalización de ideologías y de proyectos políticos legales y legítimos”. En este sentido, el dirigente de los republicanos alerta del cambio en la jurisprudencia española para avalar que ser independentista es un «indicio de criminalidad».

La defensa de Jové reclama como «imperativo poder acceder al terminal móvil que la Guardia Civil requisó el 20 de septiembre del 2017 al entonces secretario general de Economía». Es por eso que, entre las peticiones, la defensa reclama hacer la prueba pericial al móvil de Jové, y que se entregue el aparato o una copia forense del dispositivo tanto para comprobar si también se espió aquel móvil con Pegasus como para contraponerla a las acusaciones de Guardia Civil. Incluso, el escrito hace referencia a una noticia publicada por El Món, en la que se apunta que las pruebas recogidas en la macrocausa Tándem de la Audiencia Nacional, sobre las actividades del comisario José Manuel Villarejo, hay una posible relación directa entre el Centro Nacional de inteligencia y la instrucción del Juzgado 13.

Una estrategia

Atendido el escrito, los letrados de Jové califican el procedimiento como «parte de una estrategia política y judicial iniciada hace una década que pretende estigmatizar, perseguir y, en último término, acabar con un proyecto político, el independentismo, legítimo, democrático y no violento. Para hacer efectiva esta estrategia, varios estamentos del Estado, obviando los más elementales principios democráticos, han judicializado la vida política de Cataluña con un amplio abanico de causas, algunas de las cuales todavía hoy se encuentran pendientes de juicio».

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