«Es una vergüenza». Esta es la expresión con que Gorka Knörr, con un tono áspero y contundente, exvicepresidente del Parlamento vasco, exeurodiputat y exdelegat de la Generalitat a Madrid, define la situación que ha abocado al presidente español Pedro Sánchez a reflexionar sobre si pliega después de que uno juez haya empezado a investigar su mujer con el único cimiento de una denuncia del parasindicato Limpias. Knörr conversa con conocimiento de causa porque fue condenado, junto con el ex consejero de Interior vasco y expresidente de la cámara, Juan María Atutxa, y Kontxi Bilbao (EB), exsecretaria de la Mesa de la cámara, con la única acusación del supuesto sindicato de carácter ultraderechista.
Körr, Atutxa y Bilbao fueron víctimas del lawfare, entonces especialmente activo contra el entorno soberanista vasco. Los tres fueron condenados por el Tribunal Supremo apenas de inhabilitación y multas por no cumplir la resolución judicial de disolver Sozialista Abertzaleak el 2003, sin acusación de la fiscalía, pero sí de Manos Limpias. El Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo, después de cinco años deliberante. Fue, finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que estimó su recurso por vulneración de derechos políticos y derechos fundamentales.
Una historia larga
Körr explica en El Món como fue aquel proceso judicial kafkiano y surrealista que empezó el 13 de junio de 2003, cuando Manos Limpias y, posteriormente, y arrastrando los pies, la Fiscalía, interpusieron sendas querellas por un delito de desobediencia contra los miembros de la Mesa del Parlamento vasco que se negaron a disolver un grupo abertzale. Las querellas fueron archivadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPB) y la Fiscalía no impugnó el archivo porque consideraba que estaba bastante motivado.
De hecho, la Fiscalía, como detalla Knörr en El Mundo, no va era partidaria de la querella de buen comienzo. «El entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, remitió una carta que advertía a la judicatura que actuar contra un grupo parlamentario no era como disolver un partido político, que eran cosas diferentes», señala. Pero, de nada sirvió su oposición, porque el presidente del gobierno español, José María Aznar, le ordenó que presentara la querella. El recurso de Manos Limpias contra el archivo del caso ante el TSJPB también llevó a absolver los tres acusados, en una vista oral en que Knörr se negó responder a las preguntas de un «sindicato fascista».
Hacia el Supremo y sin la doctrina Botín
Pero el parasindicato insistió, y llevó el caso al Tribunal Supremo. Allá las cosas cambiaron. El Supremo anuló la absolución y devolvió el caso al TSJPB, que volvió a absolver los tres políticos. Entonces Manos Limpias volvió a recorrer ante el Supremo en casación y, esta vez sí que fueron condenados directamente por el Supremo, ahora con la única acusación del sindicato. Los magistrados rompían la doctrina Botín, segundos la cual no se podía condenar nadie si la Fiscalía no acusaba. El ministerio público ya no acusaba porque había cambiado el presidente del gobierno español: había José Luis Rodríguez Zapatero, y ordenó no participar más en la causa. «Pero en este caso, el Supremo hizo valer el que denominó intereses generales de España», revive Knörr, enfatizando que Manuel Marchena ya presidía la sala que los condenó.
«El que hacen a Pedro Sánchez se tiene que denunciar»
Del Supremo la causa fue a parar al Tribunal Constitucional, donde se estuvo cinco años. Hasta que finalmente se desestimó el recurso de amparo y se abrió, para los condenados, la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que los dio la razón y anuló la condena en 2017. «Yo soy independentista, pero el que le hacen a Sánchez se tiene que denunciar y el que ha hecho ha estado poner la derecha española ante el espejo», añade el exvicepresidente de la cámara vasca. «No tengo palabras, no entiendo que un Estado permita que actúen estos extorquidors y que no tenga facultad de actuar contra un recurso de estos gánsteres», remarca.
