Promesa cumplida. El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Jesús Maria Martínez, el pasado 20 de septiembre después de un coloquio de una virtual ley de amnistía se comprometió a un nuevo debate cuando la ley se presentara negro sobre blanco. Este compromiso se ha celebrado esta tarde con el título jornada sobre «el análisis (jurídico-práctico) de la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía». Un debate con la base resaltada por el decano del «principio de neutralidad política conjugado siempre con no rehuir ningún análisis técnico de cuestiones jurídicas de plena actualidad». Un debate intenso e interesando que, según la moderadora, Mª Jesús Pesqueira, decana de la Facultad de Derecho y Empresa de la UAO y directora del Instituto Y+Derecho del ICAB, ha permitido la «normalización» del concepto de la amnistía. Todos han expuesto las dudas sobre cómo se controlará su aplicación y su control constitucional.
Ha sido en este marco, en el que el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, ha destacado la «prohibición de la impunidad» y que la «igualdad y el respecto a la ley es sagrada». «El derecho penal tiene una función pedagógica, no represiva, y todo el mundo tiene derecho a la reinserción y al perdón», ha subrayado. Gay ha defendido que la Constitución no prohíbe la amnistía. Ahora bien, ha puesto en entredicho que la ley de amnistía sea «oportuna como ley de amnistía, porque no deja de ser un indulto». Y los indultos, como concepto general, sí que están excluidos de la Constitución. En este sentido, ha reprochado que los «independentistas no han engañado en ningún momento y han dicho cuál es su pretensión», a diferencia del PSOE y el PSC, que «hasta el día antes de la jornada de reflexión negaban la amnistía. «En todo caso, esto sería un problema moral», ha añadido.
Los penalistas dudan
Otro de los ponientes ha estado Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, abogada del estado en excedencia y coeditora del blog «Hay derecho», que ha formulado la crítica de la amnistía en el marco «de un contexto concreto y de enorme trascendencia política». Sánchez-Cascado reprocha que la ley de amnistía no es un compromiso electoral y no está en el debate público; por lo tanto, dos mecanismos, preguntar vía referéndum y la otra, que la amnistía tenga un amplio consenso en el Parlamento. Por lo tanto, considera que la ley es un producto jurídico que solo «obedece a un tema partidista y a una aritmética parlamentaria». Así ha criticado la justificación de 11 páginas de la exposición de motivos de la proposición de la ley. En la misma línea, considera que más que una ley de amnistía es una ley «de autoamnistía porque son políticos que amnistíen otros políticos».
Por su parte, Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell o Anna Simó, ha destacado el vector político de la ley de amnistía. En este sentido, asegura que es «una medida para devolver a la política el que nunca tendría que haber salido de la política así como el hecho que el derecho penal se haya convertido en la primera ratio». «El legislativo puede actuar por criterios de oportunidad política, como en otro reformas que tipifica, destipifica, conductas, penas o delitos que en ningún caso se pone en entredicho el trabajo de los jueces que han utilizado estos delitos o que hasta en aquel momento no lo aplicaban», ha aclarado. «No es una ley adhoc, sino que delimita su ámbito objetivo y también tiene exclusiones», ha subrayado. Eso sí, ha advertido que a la vista de la «interpretación rocambolesca del Código Penal de los últimos años que se aplique una intervención mínima y de la analogía penal». Por lo que hace Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal de UAO CEU Barcelona, ha puesto en entredicho la «rigurosidad práctica de la ley» y que «hay demasiadas palabras que no le ganaron rigurosidad técnica».
