La mayoría del Tribunal Constitucional finalmente ha movido ficha en la dura batalla iniciada por parte de la judicatura y de un buen número del ministerio fiscal, contra el actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado en una causa extravagante de revelación de secretos. Todo ello utilizando, eso sí, una figura interpuesta que ha sido fundamental en la arquitectura institucional del Estado en los últimos años, la exfiscal general del Estado y exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.
En concreto, el pleno del Tribunal Constitucional ha informado que ha inadmitido a trámite los tres recursos de amparo interpuestos por Delgado contra las sentencias de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, dictadas en mayo y junio de 2024, que anularon su nombramiento de Fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado. Una de las primeras decisiones de García Ortiz que sustituyó a Delgado al frente del ministerio público.
De hecho, fue el poderoso jefe de secretaría técnica de Delgado, la mesa por donde pasan todas las decisiones del inquilino de la fiscalía general. Los magistrados, sin embargo, no están para muchos líos a la hora de argumentar por qué ni siquiera le admiten el amparo. El Tribunal considera que los recursos de amparo no tienen una trascendencia especial constitucional. Por lo tanto, ni entran a valorar razones ni hechos.
Una decisión sin Conde-Pumpido
El argumento de la providencia de inadmisión es que la anulación del Real Decreto 461/2023, de 13 de junio, de nombramiento de Delgado se produjo en virtud de tres sentencias del Tribunal Supremo, que tenían por objeto resolver tres recursos contenciosos administrativos presentados por la Asociación de fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y un particular, el fiscal Luis Ibáñez, especializado en la lucha contra el narcotráfico que también aspiraba al cargo.
Los recursos argumentaban la prohibición de que un fiscal trabaje en un área donde su pareja ejerza «una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial ejercicio de su función». Delgado es pareja del exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, propietario de un bufete de abogados relacionado con la memoria histórica. El Presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, no ha participado en la deliberación por haberse abstenido previamente.
Por otra parte, la decisión contrasta con la del pasado mes de enero, el pleno admitió a trámite el recurso de amparo de Delgado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que anuló su nombramiento como Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. El otro cargo al que había sido nombrada por García Ortiz y que también levantó bastante polémica entre los togados del ministerio fiscal.
