24 años y tres meses de prisión. Esta es la condena que la sala penal del Tribunal Supremo ha impuesto al exministro del PSOE José Luis Ábalos. Los magistrados, por unanimidad, también condenan al empresario Víctor de Aldama, el otro procesado y ahora condenado, a 4 años y medio de prisión, pero con suspensión de la pena por haber colaborado en el caso. De hecho, la tardanza de la resolución ha sido provocada por el desacuerdo interno en la pena del empresario y comisionista, que además de suspenderle la pena deberá realizar trabajos sociales y presentar informes de actividades cada seis meses. Por otro lado, Koldo Garcia ha sido condenado a 19 años de prisión por los mismos delitos en los que se incluyen el de organización criminal, soborno, malversación y tráfico de influencias. En este sentido, la sala penal destaca la dureza de las penas por el «grave deterioro de la confianza ciudadana que provoca en el sistema político la corrupción y «socava la arquitectura democrática del Estado».
En su resolución, de 224 páginas y a la que ha tenido acceso el Món, el tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, considera probados los delitos en la adjudicación para el suministro de 13 millones de mascarillas para Puertos del Estado y Adif, a través de una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 para gastos fijos de Ábalos, la contratación de dos amigas del exministro en sendas empresas públicas, el pago del piso a una de estas dos mujeres, el contrato de arrendamiento con opción de compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid así como el alquiler de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción a cambio de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y una concesión de una licencia para la explotación y comercio de hidrocarburos.
Un plan preconcebido
En la resolución, el tribunal razona en base a qué hechos probados les llevan a concluir que los tres condenados formaban una organización criminal. De hecho, aseguran que de la prueba practicada y de los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa, la UCO, se puede «inferir» que tenían un plan «criminal claro y preestablecido, con una división de roles o tareas y con una actividad persistente a lo largo del tiempo». Un plan que se concertó tras establecer una relación personal y, sobre todo, un vínculo que los llevó a desarrollar la actividad ahora castigada. Incluso, subrayan que la relación de Ábalos con García se convirtió más en «asistente» que en «asesor».
Los togados toman como pilar para construir este relato de organización criminal la declaración de Aldama que fue «corroborada por los informes de la UCO» así como de varios testigos como José Luis Rodríguez García, teniente de la Guardia Civil, Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos del Estado, Ricardo Mar Ruipérez, jefe de gabinete del ministerio de Transportes; Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF, Ana María Aranda, exsecretaria de Ábalos y María Piedad Losada Romo, la secretaria de Aldama.
Para aplicar el delito de soborno, el tribunal también se basa en el testimonio de Aldama que acompaña con diversa documentación y declaraciones. Precisamente, muestran un documento Excel con los pagos de 10.000 euros al mes que hacía llegar a Ábalos, como gastos fijos, así como las gestiones para encontrar pisos y apartamentos, tanto para el ministro como para su amiga Jessica Rodríguez. También delimita la acreditación de la operación Mascarillas, por la venta de 13 millones de mascarillas durante la pandemia de la COVID. Los tres aprovecharon su «ascendencia» para asegurar que Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama, se adjudicara los dos contratos por valor de 12,5 millones y pagara las comisiones de dos millones para Ábalos y medio millón para Koldo. Dos compras, pero que el tribunal niega que fueran arbitrarias para evitar una condena por prevaricación.
El trabajo de dos amigas
Especialmente contundente es la resolución para aplicar el delito de tráfico de influencias y de malversación por la contratación en sendas empresas públicas a Claudia Montes y Jessica Rodríguez, exparejas sentimentales de Ábalos. La sentencia repasa cómo el ministro, a través de Koldo García colocó en empresas públicas adscritas al ministerio a ambas, percibieron un salario pero nunca trabajaron allí. El caso de Montes, en la empresa LOGIRAIL, que incluso le abrieron un expediente disciplinario por no trabajar que fue paralizado por la cúpula ministerial. Cobró 1.384,99 euros mensuales del 16 de diciembre de 2019 al 17 de febrero de 2022.
En cuanto a Jessica Rodríguez, firmó el 1 de marzo de 2019 un contrato con INECO, a través de Koldo García. Pocos días después, Rodríguez recibió un ordenador del responsable de servicios de apoyo de INECO. «La entrevista y la entrega del ordenador fueron las únicas dos ocasiones en las que Jessica Rodríguez visitó las instalaciones de la empresa», resalta la sentencia. No trabajó nunca pero en cambio recibió una cantidad neta de 34.450 euros en concepto de salario. Después de INECO, del cual se extinguió el contrato el 28 de febrero de 2021, fue contratada por TRAGSATEC, del grupo ADIF, el dos de marzo, donde tampoco se ha acreditado que hiciera ningún trabajo. Acabó el contrato el 1 de septiembre de 2021 por lo que recibió un salario neto total de 9.500,54 euros.
