Continúa la presión del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así lo constata el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, que hoy ha dictado un nuevo auto en el que admite dos de las diligencias solicitadas por las acusaciones el pasado mes de diciembre. Todo ello para, supuestamente, aclarar la imputación de delito de revelación de secretos contra el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid por la hipotética filtración de los acuerdos con la pareja de Isabel Ayuso por un delito fiscal, Alberto Garcia.
En concreto, el magistrado ha acordado requerir al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal para que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la Fiscalía General del Estado, relacionada con el uso de teléfonos móviles y uso de correo electrónico de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal. Y, por otra parte, ha solicitado al departamento de informática de la Fiscalía General que aporte la «relación de veces en que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal».
En el paquete del auto, al que ha tenido acceso El Món, se incluye la confiscación de los dispositivos móviles entregados a García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 en la Fiscalía General del Estado; un informe sobre si los anteriores dispositivos móviles han sido formateados; y, en caso afirmativo, identidad de la persona que haya procedido al formateo, fecha en que dichos formateos se hayan producido, y software utilizado.
Otras diligencias, pendientes de la Guardia Civil
Por otra parte, el instructor rechaza, de momento, otras diligencias sobre los dispositivos móviles y correos electrónicos. El juez prefiere esperar al resultado de las que ya ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en las actuaciones encomendadas el 7 y 20 de enero. Por ahora, solo acepta la relativa «al formateo de los móviles entregados porque considera que puede servir de complemento a la información que se hace en el informe de la UCO del 3 de enero, en el que se recogía el cambio de terminal telefónico por parte del investigado».
El juez también descarta en este momento procesal tomar declaración a altos cargos y ex altos cargos de la Moncloa. Asimismo, rechaza hacer declarar a tres periodistas por la reserva de su derecho de reserva de las fuentes. Tampoco acepta la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de extender en este momento la investigación a un presunto delito de prevaricación administrativa.
