Es una de las tres unidades de élite especializadas de la temida Jefatura de Información de la Guardia Civil. La Unidad Central Especial 3 dedicada a las “amenazas desestabilizadoras del Estado”. De hecho, constituye un cajón de sastre donde se investigan desde movimientos “antisistema” –sin especificar cuáles–, “grupos racistas o xenófobos”, “defensa nacional”, o “actividades contrarias a la normativa vigente” como el independentismo. Ahora, sin embargo, el PP se muestra inquieto por la posible desarticulación de esta unidad por parte del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, cargo directamente vinculado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La UCE 3 es la encargada de dirigir las investigaciones, con el apoyo de las «unidades periféricas de información», contra movimientos independentistas como por ejemplo el Tsunami Democrático, la operación Judas o las famosas diligencias 104/17, que todavía no se sabe muy bien qué investigaban, ni para que, centenares de catalanes. Todos estos sumarios en manos, curiosamente, del titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
El rumor de fondo de una reestructuración que afectaría de pleno a las unidades especiales de inteligencia del instituto armado parece que apuntaría a la UCE 3. Al final, sus pesquisas ya empiezan a tener fama de «creativas» entre diferentes fuerzas policiales comisionadas como policía judicial. Ahora bien, como se desprende de los diferentes sumarios, nunca ponen en entredicho las diligencias que reclama el juez cuando se trata de investigar a posibles independentistas.
La inquietud llega al Congreso y Marlaska se hace el sueco
Ante esta posibilidad, que ha tomado fuerza durante la negociación de la proposición de la ley orgánica de amnistía, el PP ha movido ficha. En un contexto en el que el rumor tomaba cuerpo, los populares presentaron una pregunta parlamentaria dirigida al ministerio del Interior. «¿Se ha disuelto el grupo UCE 3 de la Guardia Civil sin que hayan acabado las diligencias e investigaciones abiertas en relación con los presuntos delitos de terrorismo cometidos por los Comités de la Defensa de la República (CDR) de Cataluña?», preguntaban, negro sobre blanco, los diputados populares Fernando de Rosa y Ana Belén Vázquez.
La respuesta se hizo esperar un mes y medio, y el pasado 22 de febrero el ministerio del Interior contestó. En la respuesta, a la cual ha tenido acceso El Món, Marlaska evita contestar directamente. Así, ni niega, ni confirma, ni desmiente la posible desaparición de la UCE 3. En este sentido, se limita a «informar que las competencias de la Guardia Civil están establecidas a la ley orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Cataluña, de por medio
Aprovechando este hilo, el ministro recuerda que, en el caso de Cataluña, donde habría operado la UCE 3, hay un cuerpo de policía autonómico que ha asumido «competencias en materia de seguridad pública». En todo caso, aclara que el instituto armado mantiene las competencias que «no estén afectadas» por las que el Estatuto de Cataluña otorga a los Mossos d’Esquadra. En este contexto, el ministerio aduce que «la organización y distribución de efectivos y unidades la deciden los órganos competentes de la Guardia Civil». También resalta que, en Cataluña, las «funciones asignadas y capacidades operativas del cuerpo [Guardia Civil] permanecen inalteradas respecto de la legislatura pasada. A la vista de la respuesta, el PP continúa a la espera de que el ministro comparezca en la comisión de Interior de la cámara baja para repreguntar sobre el futuro de la UCE3.
En el mismo marco, el gobierno español también se limita a echar pelotas fuera sobre la posibilidad de que se reduzcan efectivos tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña y Euskadi. Una sospecha que el PP basa en los acuerdos firmados del PSOE con Junts, ERC, Bildu y PNB para renovar la residencia de la Moncloa a Pedro Sánchez. El ministro responde de manera enjuta con cierta ironía: «Hay que recordar que los acuerdos que las diferentes fuerzas parlamentarias lograron en el marco de la sesión de investidura del presidente del gobierno son públicos». Sin más detalle.
