Ni una hora han tardado Vox, PP y Ciutadans a anunciar que pedirán a la Junta Electoral Central el cese como diputada de Laura Borràs, condenada esta mañana por prevaricación y falsedad documental a 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación. De hecho, Vox ya ha registrado un escrito, al cual ha tenido acceso El Món, en que pide aplicar el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que prevé la inelegibilidad sobrevenida. En este contexto, las tres formaciones españolistas quieren que la Junta aplique el mismo criterio que se aplicó al presidente Quim Torra y el ex secretario de la Mesa del Parlamento, Pau Juvillà, de la CUP.
El escrito a la JEC, de dos páginas, reclama a sus miembros dejar sin efecto la credencial de diputada de Borràs. En este sentido, Vox en su petición pide que la retirada del escaño sea efectiva de manera «inmediata». El trámite supondría retirar el escaño y hacer correr la lista, dejando una vacante en la circunscripción de Barcelona, y se expediría una nueva credencial por el siguiente candidato de Junts.
La sentencia, el argumento
Vox, en su escrito, informa a la JEC de que el TSJC ha condenado a Borràs a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por prevaricación, por un delito continuado de falsedad documental y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. A pesar de que la formación reconoce que la sentencia todavía no es firme, y se puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, considera que siguiendo la misma doctrina de la Junta Electoral en otros casos puede echar millas y quitarle el escaño a Borràs. En todo caso, consideran que la sentencia tiene que tener como consecuencia directa el cese inmediato de Borràs como diputada a causa de su inelegibilidad sobrevenida.
En este sentido, tanto populares, como Vox como Ciutadans, quieren aplicar de manera directa la plantilla que le aplicaron al presidente Quim Torra cuando fue inhabilitado por el caso de la pancarta o bien a Pau Juvillà cuando le fue retirado el escaño por otra sentencia de desobediencia a raíz de no retirar un lazo amarillo de su despacho del Ayuntamiento de Lleida, cuando era concejal, durante una campaña electoral.
