El próximo miércoles la sección segunda de la Audiencia de Barcelona iniciará un juicio de doble cara contra el exconsejero de Interior, Miquel Buch, y el sargento de los Mossos d’Esquadra, Lluís Escolà. Es un caso que sobre el papel investiga un nombramiento sospechoso, pero que en realidad va mucho más allá y ha servido para destapar la obsesión que Asuntos Internos tenía con el escolta que ayudó a Puigdemont a huir al exilio. En la vista oral, Buch y Monaguillo se tendrán que defenderse de las acusaciones del ministerio fiscal, que pide 6 años de prisión para el exconsejero y 4 años y medio para el sargento. El fiscal del caso interpreta que los dos cometieron un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de fondos públicos. A los dos los reclama también más de 10 años de inhabilitación especial y absoluta y una fianza de 70.283 euros. El hecho delictivo es el nombramiento de Escolà como asesor en sistemas de seguridad que se llevó a cabo como cargo de confianza.
Pero el hecho que Escolà fuese el mosso que ayudó a Puigdemont a despistar a la Guardia Civil el 1-O y que acompañó al presidente al exilio es el motivo de trasfondo del caso. Pero el sumario del caso todavía entra en un nuevo nivel i delata que Escolà no solo era objeto codiciado por la fiscalía, sino también por los Mossos. Según los documentos a los cuales ha tenido acceso El Món, fue la División de Asuntos Internos quien alertó a José Antonio Puigserver, el consejero de Interior durante la aplicación del 155, de las actividades de Escolà. De hecho, Escolà fue sancionado y los mismos Mossos entregaron hasta nueve informes de nueve unidades diferentes a la Fiscalía para incriminarlo. Un asedio al mosso en toda regla, porque todo parece indicar que ni en los Mossos ni en la Fiscalía gustó que hiciera de escolta de Puigdemont.
No comunicar que Puigdemont iba al exilio
Uno de los documentos que muestran la persecución que sufrió Escolà es una resolución del 19 de julio de 2018, con la cual se decide sancionar internamente a scolà. En este documento, se explica que el 2 de noviembre del 2017, apenas dos días después de que el presidente y cinco consejeros se fueran al exilio, el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Jaume Garcia, hizo un «comunicado interno» a Puigserver con «documentación anexada» sobre «unas posibles irregularidades cometidas por diferentes miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra en relación con la presunta salida del expresidente de la Generalitat de Cataluña del territorio catalán el 29 de octubre de 2017».
En el comunicado del jefe de Asuntos Internos también se pedía al consejero de Interior del 155 «la apertura de una información reservada para aclarar los hechos». Una información reservada, paso previo de la apertura de un expediente disciplinario, que se abrió el 13 de noviembre del 2017. El comisario Garcia fue por trabajo y ya el 23 de enero de 2018 concluyó que había «indicios suficientes para deducir responsabilidad disciplinaria en la conducta del sargento Escolà en relación con el hecho de no haber puesto en conocimiento, dentro del plazo y en la forma oportuna, de los mandos del Área de Escoltas la salida del expresidente». Así pedía que de entrada ya se abriera un expediente disciplinario contra el sargento.
Hacia Martorell
Seguidamente, Asuntos Internos encomendó a un sargento y a un caporal ser los instructores del caso y sacó de la división de escoltas a Escolà, a quien envió a la comisaría de Martorell como medida cautelar. Todos entendían que los «hechos cometidos presuntamente» por el sargento «son especialmente graves dada la perturbación que supone para un servicio como es el de escoltas de personalidades relevantes, la no comunicación de aquellas incidencias que por su relevancia tienen que ser conocidas de forma inmediata por los mandos, que tienen que adoptar las decisiones de coordinación y operativas de seguridad en cada momento».
En este contexto, consideran que el sargento llevó a cabo todos los hechos de «forma consciente, unilateral e injustificada», y que, por lo tanto, «dificulta la normalidad con el que se tiene que llevar a cabo el servicio». Así, acusan Escolà «de un comportamiento carecido de confianza, de lealtad o de transparencia hacia sus superiores». De hecho, la resolución ningunea el argumento esgrimido por Escolà, que alegaba que él cumplía la orden del presidente, a quien tenía que proteger, de «no decir nada a nadie» sobre su viaje fuera del territorio catalán. En este sentido, Escolà defendía el criterio que le corresponde como escolta, que es «proteger el Presidente» y entendía que no tenía que decir nada a nadie, porque así también protegía el presidente y la institución. Unas declaraciones que los policías instructores de su expediente reducen a «un intento legítimo de justificar su conducta».
En definitiva, los Mossos le reprochan que ayudara al presidente a irse al exilio porque no solo lo dijo a nadie, sino que encima nadie se enteró. Todo en una operación rápida y de plena confianza con el presidente y su equipo más próximo. El hecho que Escolà pusiera en evidencia la carencia de arraigo de los Mossos en general en el Proceso y mostrara la colaboración del Cuerpo con las autoridades españolas hizo enfadar tanto a la Jefatura como a los dirigentes políticos de Interior impuestos por el 155, que lo sancionaron con la «pérdida definitiva del puesto en el Área de Escoltas». De hecho, acabó su vida laboral tramitando expedientes de Tráfico y ahora ya se encuentra fuera del cuerpo. El asedio a Escolà no se acabó aquí. La purga continuó y la jefatura movilizó hasta nueve unidades de los Mossos para hacer informes sobre la actividad del sargento como asesor de seguridad. Todo, al final, por haber hecho su trabajo.
