Vuelve la tensión al Tribunal Constitucional a raíz de la causa del Proceso. En este caso, por la polémica decisión de la sala de vacaciones del alta magistratura, que con mayoría de dos contra uno decidió no admitir a trámite un recurso de amparo del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y del exconsejero Toni Comín contra las órdenes nacionales de detención dictadas por el Tribunal Supremo. La batalla entre magistrados conservadores y progresistas se ensaña en el TC con la fiscalía por el medio.
El ministerio fiscal, en uno escrito durísimo, presentó recurso contra la decisión de la sala de vacaciones de rechazar el recurso de Puigdemont y Comín, y pidió que la decisión fuera revocada y que se debatiera el caso en el pleno del TC. Y de momento, en el pleno, la mayoría de los magistrados han decidido admitir a trámite el recurso de la fiscalía, que ahora será estudiado. La respuesta llegará con una sentencia de la cual será poniente el magistrado progresista Juan Carlos Campo. La decisión se ha tomado este martes, en una reunión plenaria que también ha aceptado la abstención del presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, de apartarse de la deliberación porque considerando que está contaminado en todos los asuntos relacionados con el referéndum del Primero de Octubre del 2017.
Los magistrados, con la Fiscalía
La fiscalía del TC presentó un recurso contra la decisión de los magistrados conservadores del mismo tribunal, César Tolosa y Concepción Espejel, que en pleno agosto inadmitieron el recurso de Puigdemont a pesar de la oposición de la magistrada progresista Laura Díez. El fiscal Pedro Crespo no solo puso en entredicho el fondo de la decisión, sino su forma y legitimidad. Ahora la mayoría de los magistrados piensan que la fiscalía podría tener razón y han decidido que es el pleno quien tiene la responsabilidad de dar respuesta a los argumentos del ministerio público y evaluar si los dos magistrados conservadores se pasaron de frenada en la sala de vacaciones. El fiscal Crespo entendía que la supuesta «urgencia» del caso no se podía justificar. Una opinión que comparten varios miembros del tribunal. Si el pleno diera la razón al fiscal Crespo, esto implicaría tramitar y estudiar el recurso de Puigdemont y Comín.
El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por Puigdemont y Comín denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por ley y a un proceso con todas las garantías. Entienden que tenían inmunidad como eurodiputados y que ordenar su ingreso en prisión era «absolutamente incompatible» con su condición y «manifiestamente desproporcionado». Los dos exiliados habían llegado al TC después de que la Sala de lo penal del Supremo desestimara sus argumentos al entender que no se vulneró ningún derecho fundamental, ni en el caso de Puigdemont ni en el de Comín. Además, les reprochó ambos que cuestionaran nuevamente la competencia del Supremo y la idoneidad del juez instructor Pablo Llarena para dictar resoluciones como la impugnada.
