Esta tarde, la presidenta suspendida del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs se ha podido explicar desde el estrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Eso sí, solo ha contestado a las preguntas de su defensa, porque se ha acogido a su derecho de no responder al ministerio fiscal y a las otras defensas en el juicio por prevaricación y falsedad documental al que se enfrenta, junto con el informático Isaías Herrero y su compañero Andreu Pujol.
Una larga declaración en la que ha defendido la contratación de Herrero para las tareas de lo que ha denominado «revolución digital» de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), cuando era la directora. Borràs ha asegurado que siempre actuó con plena legalidad y siguiendo las instrucciones de los dos responsables de la administración de la ILC, Assumpta Pagespetit y Roger Espar, y la Intervención del departamento de Economía de la Generalitat. Precisamente, Pagespetit y Espar declararon, en sentido contrario, que Borràs era la única responsable de las contrataciones.
Por otro lado, el pacto del ministerio fiscal con dos de los coacusados se ha hecho notar en su declaración. La presidenta suspendida del Parlamento ha cargado contra la defensa del informático Herrero y de Pujol. Borràs ha aprovechado su declaración para reprocharles un informe pericial pagado a tres partes entre los tres acusados, en que se acreditaba que no había malversación. De hecho, ella pagó su parte proporcional, de 1.815 euros. Borràs ha sacado de su bolso el peritaje y ha pedido la incorporación de la prueba documental, una petición que ha sido rechazada por el tribunal.
De hecho, este informe no se llegó a presentar por parte de la defensa de Herrero –que era quién lo tenía– al caer de la acusación este delito, que ni la misma Guardia Civil veía claro. La sospecha de Borràs es que este informe, de casi 700 páginas, no llegó a presentarse ya por la presunta negociación de la Fiscalía con los dos coacusados, que han acabado declarando contra ella.
Laura Borràs, última a declarar en el juicio
Borràs se ha sentado al banquillo de los acusados para declarar cuando ya habían testificado los peritos, tanto los citados por el ministerio fiscal como los aportados por la defensa. Una prueba que ha servido para generar dudas sobre la cadena de custodia de los correos electrónicos y del resto de material incriminatorio contra Borràs obtenido por los investigadores en registros de los Mossos d’Esquadra. Ha sido la última en declarar a raíz del acuerdo de sala para que una vez acabara la práctica de la prueba pudiera explicarse y defenderse de las acusaciones versadas durante el resto de sesiones de la vista oral del juicio.
La acusada llevaba la lección aprendida y muy orientada con un interrogatorio preparado al por menor por parte de Isabel Elbal. Borràs ha narrado que fue propuesta para dirigir la ILC por el entonces consejero de Cultura, Ferran Mascarell. El encargo, según ha dicho, era hacer la «revolución digital» de la entidad. Por eso pensó en Herrero, a quien había conocido en un premio de literatura digital en Vinaròs. «Tenía la pericia para hacerlo», ha insistido después de señalar al tribunal que Herrero no solo era un «mero informático, sino que era un artista digital de reconocido prestigio». La declaración de Borràs ha parecido esbozar un proyecto de cambio de la ILC que habría agitado la entidad.
Asegura que hizo los contratos siguiendo lo que le dijeron
Según el relato de Borràs, una vez expuso su plan de trabajo a la ILC, la respuesta fue que para cualquier cuestión tecnológica tenía preferencia el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, el CTTI. Pero cuando se pusieron en contacto con el organismo constataron que ponían la ILC «a la cola», con un tiempo de espera muy largo. Y así fue como, con el consejero Mascarell, decidieron contratar la renovación de las webs de la institución fuera de la Generalitat. Aquí es donde entró Herrero, que ostentaba dos condiciones: ser capaz de hacer el diseño de webs y su pericia en el tratamiento digital de la literatura.
Para empezar este proceso de digitalización, Pagespetit y Espar le recomendaron el sistema de contratación menor para cada trabajo. Es decir, para cada uno de los 18 proyectos por los cuales fue contratado Herrero en cinco años. Una cifra que ha comparado con el conjunto de 850 contratos menores que la ILC hace en un año. Un sistema que fue avalado por la Intervención de la Generalitat. El plan de trabajo también fue aprobado por la Junta de Gobierno y por el Consejo Asesor de la ILC, a los cuales Borràs debía rendir cuentas. En este contexto, ha enfatizado que la ILC, al ser una «institución pequeña», tiene un tipo de intervención especial en el sentido de que no se paga ninguna factura hasta que no pasa por la intervención delegada que lo aprueba. «Yo pedí lo que quería y Pagespetit y Espar me dijeron como había que hacerlo», ha aseverado Borràs.
Así mismo, ha admitido que se presentaban tres presupuestos, que siempre aportaba Herrero, porque así lo pedía Pagespetit. En este punto, Borràs ha destacado que pidió qué motivo había para pedir tres presupuestos si querían que fuera Herrero –por sus características personales– quien hiciera el trabajo. «Pagespetit era inflexible», ha resaltado y ha dicho que consideraba que estos contratos eran «tecnológicos» y no culturales. De hecho, Borràs propuso hacer un informe exprés para justificar técnicamente los criterios de contratación. «No hablaban el mismo lenguaje», ha reprochado Borràs en referencia la relación que mantenían Herrero y Pagespetit, y ha apuntado que le tocaba hacer de mediadora.
Así, ha querido contextualizar los testigos de Espar y Pagespetit en una dificultad de entendimiento entre su proyecto y su mentalidad de funcionarios. «En ningún momento se ha vulnerado la ley de contratos», ha subrayado. «Se hizo todo en términos de pericia, eficacia y eficiencia y a un precio competitivo», ha constatado. «De la mejor manera posible, lo más rápido posible y al mejor precio posible», ha remachado.
En la recta final de su declaración, Borràs ha expuesto que, a principios del 2016, Herrero empezó a fallar por culpa de su drogodependencia.
Queja por la vinculación su nombre a la corrupción
Borràs ha criticado que desde 2018 y hasta julio de 2022 se ha mezclado su nombre con el concepto de la corrupción. Una acusación que ha aprovechado para criticar también el acuerdo de las defensas del resto de acusados con el ministerio fiscal. Para hacerlo, ha exhibido un documento de 700 páginas que es un «peritaje compartido» por las tres defensas, hasta el punto que se reunieron para comentarlo en julio de 2020. Una peritación que finalmente no se aportó al juicio, a pesar de haberse pagado a partes iguales.
Es decir, cayó la acusación de malversación a la vista de la evidencia que el precio pagado por las tareas de Herrero era un precio razonable de mercado y, además, hay la constatación que todos los trabajos encargados se llevaron a cabo y funcionaron. La crítica de Borràs durante su declaración ha sido notable, dado que ha cargado contra los abogados de Herrero y Pujol, porque habrían compartido estrategia de defensa hasta que habrían encontrado una rendija para negociar la rebaja de las acusaciones y aislar a Borràs. La defensa de Herrero, dirigida por Marina Roig, ha querido hacer mención de sus preguntas a Borràs aunque no las respondiera, para remarcar que la peritación solo era un «borrador». El miércoles continuará la sesión.
