Finalmente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Maria Barrientos, y el magistrado Carlos Ramos, han rechazado apartarse del juicio del presidente del grupo de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, el director del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, en relación con los hechos del Primero de Octubre. Los tres y, también Vox, pidieron a los dos magistrados que se abstuvieran de formar parte del tribunal que los tiene que juzgar por prevaricación y malversación. Pero lo han desestimado, y así lo han escrito en el informe presentado el pasado 8 de septiembre y al que ha tenido acceso El Món. El ministerio fiscal y la abogacía del Estado pidieron a los dos magistrados que se mantuvieran al tribunal.
De hecho, los dos magistrados han sido apartados otros juicios relacionados con el Procés como fue el caso del juicio por desobediencia a los miembros de la Mesa del Parlamento que presidía Roger Torrent. O bien, y el que es procesalmente más grave, el mismo Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio a los miembros independentistas de la Mesa de Carme Forcadell por la carencia de imparcialidad de Barrientos. Fuentes de ERC aseguran a El Món que «desgraciadamente es el resultado que esperábamos». En cualquier caso, avisan que «continuarán denunciando en las fases del procedimiento oportunas» la abstención de los dos magistrados. «Estamos convencidos de su falta de imparcialidad, que de hecho, se ha constatado en otros procedimientos».
No hay magistrados que no hayan visto casos del Procés
En su escrito de oposición a la abstención, los dos magistrados aseguran que aunque participaran en los pleitos o la instrucción del caso de la Mesa de Torrent, de la Mesa de Forcadell o de la consejera Meritxell Serret no son procesos que puedan «suponer un juicio anticipado sobre la culpabilidad de cualquier de los acusados» en el juicio contra los ahora procesados. Así aplican la doctrina bautizada como “específico objeto del proceso”. Es decir, que ninguno de los dos ha tenido ningún papel en el procedimiento que se inició contra los tres desde el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. «Desconocer o relajar los contornos que definen el campo de juego de la imparcialidad judicial supone introducir riesgos inaceptables de vulneración de otra garantía procesal, no menos democrática, que tiene que asegurar que el juicio lo haga el juez o el tribunal predeterminado legalmente», argumentan.
Por otro lado, Barrientos y Ramos consideran que el hecho de haber juzgado desobediencias o casos relacionados con las resoluciones del Tribunal Constitucional contra el Proceso tampoco avala la abstención. En este sentido, alegan incluso, la carencia de magistrados que no hayan participado en estos casos para sustituirlos. «A estas alturas», enfatizan los magistrados en su informe, «resultaría imposible encontrar un magistrado/da en la Sala de lo civil y Penal y de su Sección de Apelación Penal que ya no haya tenido ocasión de pronunciarse sobre la naturaleza y vinculación de estas mismas u otras resoluciones del Tribunal Constitucional, puesto que todos ellos -salvo la presidenta de la Sección de Apelación- han participado ya en otros tribunales de juicio en que los postulados acusatorios se proyectaban sobre conductas aparentemente contraventoras de estas mismas u otras resoluciones del Tribunal Constitucional».
