Ha sido un debate largo, pero finalmente se ha impuesto el sector duro del Tribunal Constitucional ante las pretensiones del exvicepresidente del Parlamento y líder freelance independentista, Josep Costa. En una interlocutoria de 12 páginas dictada el pasado 23 de enero, a la cual ha tenido acceso El Món, y comunicada este jueves, el pleno del TC ha desestimado las recusaciones presentadas por Costa contra varios magistrados que, de una u otra forma, entendía que estaban intoxicados por el proceso judicial que sufrieron los miembros de la mesa del Parlamento que presidía Roger Torrent, juzgados y absueltos por desobediencia.

El procedimiento tiene el origen en la detención de Costa durante el proceso de instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el caso de desobediencia. Precisamente, un caso seguido a instancia de la Fiscalía a raíz de la denuncia del mismo TC. Costa recusó al presidente del Tribunal, Cándido Conde Pumpido —que se ha apartado de los casos del Proceso—, a Ricardo Enríquez y a Juan Carlos Campo. Este último en condición de exministro de Justicia del gobierno español que instó a actuar ante las decisiones de la Mesa del Parlamento y pareja de Meritxell Batet, expresidenta del Congreso.

Sede del Tribunal Constitucional (TS), seguramente la institución que tendrá que validar una posible Ley de Amnistía/Eduardo Parra EP

Curiosamente, la ponente de la resolución ha sido Concepción Espejel, del sector ultraconservador, que hacía sospechar una dura batalla interna entre la derecha y la izquierda de los togados de la alta magistratura. De hecho, es pública y notoria la aspereza de las relaciones entre el presidente del TC, Conde-Pumpido, y Espejel. Pero Costa y su independentismo les ha unido en plenario, y sin ningún voto particular, han rehusado el recurso interpuesto de súplica por el rechazo a las recusaciones.

Una detención y una revancha

El caso que ha espoleado la recusación se remonta al 27 de octubre del 2021, cuando Costa fue detenido por los Mossos d’Esquadra por orden de la instructora del caso por desobediencia, Maria Eugènia Alegret. Después del arresto, Costa interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el mes de diciembre fue aceptado a trámite, al entender la sala de admisiones que tenía suficiente trascendencia constitucional en el sentido que no había doctrina sobre una detención de estas características. Una vez se supo la magistrada ponente, Costa interpuso un incidente de recusación contra los magistrados Cándido Conde Pumpido, Ricardo Enríquez y Juan Carlos Campo. El exvicepresidente del Parlamento alegaba que los magistrados estaban contaminados porque los tres lo habían denunciado a la fiscalía para abrir el proceso por el cual fue detenido. El ministerio fiscal también se opuso a las recusaciones.

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