Hace solo cinco semanas parecía que el panorama para la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa se oscurecía. Incluso, la convención de la derecha política y mediática especulaba con un adelanto electoral ante la petición de cuestión de confianza presentada por Junts per Catalunya, la negativa de ERC a apoyar los presupuestos de este año del Gobierno de Salvador Illa, los obstáculos para lograr transferencias de competencias a la Generalitat –como que los Mossos d’Esquadra puedan ser la policía integral también en puertos y aeropuertos– o bien indicios de que la financiación singular estaba sobre la mesa y no avanzaba.
Han pasado las semanas y la vida política se ha dado la vuelta como un calcetín. Además, como si fuera una tormenta de verano, el cielo ha quedado despejado solo con el paso de medio lunes. A primera hora de la mañana, se ha abierto fuego con anuncios de acuerdos y promesas de cumplimiento de pactos que dormían el sueño de los justos. Todo esto, con la vista puesta en la reunión que la ejecutiva nacional de Junts per Catalunya celebraba para decidir si retiraban la petición de cuestión de confianza o rompían las cartas. Una reunión con spoiler, porque era muy difícil que Junts se opusiera a la petición de Francisco Galindo, mediador internacional –impuesto por la formación de Carles Puigdemont– de no romper relaciones con el PSOE y otorgar una prórroga a Sánchez para cumplir los acuerdos.
Una ejecutiva fácil
Fuentes de la dirección del partido coinciden en asegurar a El Món que la reunión de la ejecutiva se puede describir como una exposición de Puigdemont a la que «la mitad dijo amén y la otra mitad no dijo nada». De hecho, hubo un dirigente que se atragantó de tanto hacer la rosca a la opinión de Puigdemont cuando hizo uso de la palabra. Además, muchos de los integrantes de la dirección salieron convencidos de que la carta del mediador estaba pactada por Puigdemont, José Luis Rodríguez Zapatero y el mismo Galindo.
Todo para evitar mandar todo al traste –Turull había dicho en una entrevista a El Món que si se aprobaba la proposición no de ley que pedía a Sánchez la cuestión de confianza y el presidente español se negaba a convocarla, tendrían que pedir elecciones– y dar una oportunidad a la posibilidad de avanzar en los acuerdos, sobre todo, en los que dependen del Consejo de Ministros. «El secreto es que si el mediador pide un mes más, no viene de aquí. Pero entonces será él quien dirá que no hay nada que hacer porque hay una parte que incumple. No habremos sido nosotros quienes rompan porque consideramos que no cumplen», resumen dos fuentes más de la ejecutiva. En todo caso, muchos de los asistentes reconocen que la maniobra tiene un coste «político», «reputacional» y de «credibilidad» pero que, a medio plazo, el mismo mediador puede reconducir su posición si reconoce que el PSOE no cumple con los acuerdos.
Un surtido de anuncios
En este ambiente de presión a Junts, un goteo de anuncios a primera hora de la mañana trataban de abrumar a los juntaires para detener la petición de cuestión de confianza: la reducción del 20% de los Fondos de Liquidez Autonómica –avanzado por la vicepresidenta económica María Jesús Montero y el presidente de ERC, Oriol Junqueras–, o bien la aprobación de un protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que permitirá a los tribunales de alto rango españoles solicitar opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una reclamación de Junts, así como la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 efectivos (ahora son 18.000).
El resultado ha sido que PSOE, Junts y ERC han escenificado, cada uno con su atrezzo, la continuidad del pacto de legislatura con Sánchez y tranquilidad para Salvador Illa que, además, esta semana tiene una rueda de comisiones bilaterales entre la Generalitat y el Estado. Una situación que permite a Sánchez continuar sin un plazo concreto, ya que le otorga estabilidad y le permite continuar su misión diplomática en Ucrania y presentarse como uno de los escasos líderes de la izquierda europea capaz de enfrentar a la extrema derecha y la derecha extrema.
Un fin de semana clave
Uno de los protagonistas clave del desenlace del atolladero en el que se encontraban los tres protagonistas de la política catalana y española ha sido Francisco Galindo. Este diplomático de El Salvador es el mediador entre el PSOE y Junts en Suiza y ya ha presidido doce reuniones. De hecho, es una figura impuesta por los de Puigdemont a raíz del Pacto de Bruselas y que ha servido a los juntaires para facilitar la retirada de la petición de la cuestión de confianza. Una retirada, además, sine die, aunque algunas fuentes de Junts sitúan un plazo de aproximadamente un mes.
Después de la reunión del pasado viernes, Galindo difundió un comunicado el fin de semana con el cual pedía a Junts la retirada de la propuesta no de ley para pedir a Sánchez que convocara la cuestión de confianza, con el entendimiento de que era consciente de los incumplimientos de los acuerdos por parte del PSOE, pero enfatizando que era necesario dar más tiempo al gobierno de Pedro Sánchez para aplicar pactos pronto. Una comunicación que Turull remitió a los miembros de la ejecutiva con un aviso al más puro estilo de un secretario general de la vieja escuela. Reunión de la dirección a las once de la mañana del lunes y que nadie abriese la boca hasta que el partido tomase una decisión.
El aviso ha funcionado y la ejecutiva, con una composición hecha a medida de Turull y Puigdemont, ha puesto las cosas fáciles. Y más con el comodín de la carta del diplomático, a quien Junts confía al cien por cien. Fuentes de los participantes en la reunión indican a El Món que ha hablado la mitad de la ejecutiva para dar la razón a la tesis de Puigdemont y el resto ha mantenido el silencio porque entendían la situación y, por otro lado, son conscientes de que «no tienen toda la información». El mensaje de Puigdemont ha sido, en general, «muy crítico con el PSOE», pero ha defendido que hay que confiar en lo que informaba el mediador. Es decir, dar tiempo para poder cumplir con pactos que ya se han acordado y «evitar una ruptura». De ahí la unanimidad del acuerdo de la dirección juntaire. Cabe decir que uno de los ases en la manga de Junts es que el mismo mediador anunciaría la ruptura del acuerdo si en un plazo de aproximadamente un mes no hay avances significativos y palpables.
ERC también ha levantado el dedo
En este escenario, Oriol Junqueras también ha levantado el dedo después de la reunión que celebró el sábado con el presidente Illa en Palau y de un consejo nacional de la formación que apuntaba a la aprobación de los presupuestos del 2026. Así, el presidente de ERC, a primera hora de este lunes por la mañana, ha anunciado que los republicanos han acordado con el gobierno español la condonación para Cataluña de 17.100 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Un pacto con la Moncloa que supone reducir un 19,9% la deuda global de la Generalitat y un 22% la deuda de Cataluña con el FLA, un mecanismo creado después de la crisis financiera del 2008 para aportar liquidez a las comunidades en un momento en el cual no tenían acceso a los mercados internacionales de crédito por encontrarse en números rojos. Junqueras también quiere hacer valer este acuerdo como una especie de carta de presentación de cara a la segunda parte del congreso que la formación celebrará el mes de marzo en Martorell y que debe servir para reafirmar la estrategia del reelegido presidente de ERC.
A propósito de esto, el Gobierno de Salvador Illa no ha dejado pasar la oportunidad de aportar más anuncios a raíz de la reunión de la comisión bilateral entre Estado y Generalitat celebrada este lunes. El encuentro de las dos delegaciones, encabezadas por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha establecido que el consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat esté en marcha el 1 de enero del 2026, así como el pacto para ampliar el número de jueces que se encuentran en Cataluña –66 más– así como el número de agentes de Mossos d’Esquadra hasta 25.000 efectivos. De hecho, Dalmau se ha preocupado de dar los datos en la reunión celebrada esta mañana en Palau con los portavoces de los grupos parlamentarios. Todo orientado a dar continuidad a la legislatura, en España y en Cataluña.
