Los grupos de la oposición en el Parlamento de Cataluña han reaccionado a los cambios que el Gobierno hará a la DGAIA -que cambia de nombre y resta poder al organismo- con cautela y a la expectativa de cómo pueden incidir en ellos. En todo caso, la mayoría de partidos han coincidido en pedir celeridad en las investigaciones que deben aclarar los distintos escándalos que salpican al organismo de protección de menores. La oposición no quiere que el ejecutivo camufle en estos cambios los escándalos recientes y ha vuelto a reclamar transparencia al Gobierno. Junts y el PP han insistido en la «necesidad» de crear una comisión de investigación en el Parlamento que esclarezca qué ocurrió con la menor tutelada víctima de una trama de prostitución. Los Comuns y ERC también han pedido ir «hasta el final» de los casos que han salido recientemente a la luz.
El PSC ha puesto el anuncio de esta mañana como ejemplo de gestión rápida de los problemas. “Cuando ha habido un problema el Gobierno lo que ha hecho es dar la cara y tomar decisiones claras y rápidas”, ha defendido minutos después del anuncio la viceprimera secretaria socialista y portavoz del partido, Lluïsa Moret. En todo caso, los partidos quieren más celeridad en las investigaciones. «Debemos saber qué ha pasado: quién, cómo y cuándo. No puede haber impunidad ante el abuso», ha apuntado la portavoz de los Comuns, Aina Vidal. «Es necesario solucionar lo que se haya hecho mal para que no vuelva a suceder», ha señalado desde ERC Elisenda Alamany. Junts también ha reclamado «transparencia» y ha pedido al ejecutivo de Illa que «no actúe solo».
Los grupos quieren una transformación real de la DGAIA
Lluïsa Moret ha hablado de «acierto» y ha calificado de «valiente» la decisión de reformar la DGAIA. Una defensa de la norma que choca con críticas leves de otros partidos, que insisten en que los cambios deben negociarse con el resto de partidos y deben tener en cuenta la voz de las entidades sociales. La diputada de Junts en el Parlamento Ennatu Domingo ha instado al Gobierno a actuar con el «máximo consenso» de los grupos y otros actores implicados para garantizar una «transformación real del sistema». Una opinión similar a la expresada minutos después por Aina Vidal, que ha pedido al Gobierno que «dé voz» a los trabajadores y entidades para construir una DGAIA «completamente diferente» a la actual.
En una línea bastante similar se ha expresado la CUP, que ve coherente que la gestión de las contrataciones vuelva a la Generalitat, pero ha criticado la poca transformación que se propone «en los ámbitos organizativo y administrativo». La diputada anticapitalista Pilar Castillejo ha catalogado de «titular» los cambios que ha propuesto la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo.
