Este lunes ha entrado en funcionamiento el nuevo equipo de Gobierno de Salvador Illa. Un equipo que no ha tenido un buen recibimiento entre parte del independentismo político. Desde la CUP consideran que la composición del ejecutivo socialista constata «un giro de derechas y claramente españolista» en un equipo que ven como «el retorno de la sociovergencia al gobierno de la Generalitat». Entre las filas anticapitalistas, los nuevos responsables de cartera que han generado más malestar son Ramon Espadaler, que desde este lunes se pone al frente de la consejería de Justicia -sustituyendo a Gemma Ubasart-, Miquel Sàmper, que se pone al frente de Empresa en sustitución a Roger Torrent, Ester Niubó, que arranca su etapa a la consejería de Educación sustituyendo Anna Simó, Olga Pané, que se pone al frente de Salud en sustitución a Manel Balcells, y Nuria Parlon, que asume el reto de la consejería de Interior.
En un comunicado, la formación cupaire considera que algunos nombres del nuevo ejecutivo de Salvador Isla están pensados «para continuar desplegando las políticas de la sociovergencia de toda la vida, con perfiles que blindan la concertación publico privada para defender los intereses privados». Lamentan la presencia de «viejos conocidos» como Espadaler, el cual recuerdan que en el pasado ha estado «defensor de las pelotas de goma» y «homófobo declarado», Sàmper, que antes de asumir el control de la consejería de Empresa había trabajado como «ejecutor de desahucios».

Críticas a Educación y Salud
Además de las críticas a Espadaler y Sàmper, los cupaires también tiran reprochados contra los nuevos responsables de Educación y Salud. En cuanto a Pané, la formación anticapitalista recuerda que la nueva consejera ha estado «defensora de la privatización de la sanidad». Por otro lado, también aseguran que la nueva responsable de la cartera de Educación, la cual asume el cargo en medio de varias problemáticas abiertas con la comunidad educativa, ha estado a veces «contraria a la inmersión lingüística»: «Habrá que hacer frente a la privatización de servicios públicos, el destrozo del territorio a base de macroproyectos, el abandono de la lengua y la recentralización española», remachan desde la CUP.