El presidente del Parlamento, Josep Rull, ya ha firmado la resolución con la cual constata la «imposibilidad» de proponer un candidato para ser investido presidente de la Generalitat en el plazo de diez días que marca la ley desde la constitución de la Mesa de la cámara catalana. Lo ha hecho minutos antes del inicio del pleno, donde ha leído la resolución para comunicar que ninguno de los grupos parlamentarios ha planteado ningún candidato para optar a la investidura. Así, Rull ha puesto en marcha la cuenta atrás de dos meses para una repetición electoral y ha dado cinco minutos a cada grupo parlamentario, a excepción de la CUP y Alianza Catalana, que ha tenido cuatro y dos minutos respectivamente.

Rull ha explicado que «después de haber ponderado la voluntad expresada por los grupos, y de otra, el apoyo a estas candidaturas, tomé la decisión de firmar la resolución que da cuenta de esta circunstancia a efectos del inicio del cómputo de dos meses» y ha detallado que esta se publicará al Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña con fecha de hoy. Así mismo, Rull ha detallado que con la resolución firmada había suficiente para poner en marcha el reloj, pero ha preferido dar voz a los diferentes grupos parlamentarios.

Con la firma de la resolución y la celebración del pleno, conocido como «acto equivalente», los grupos parlamentarios tienen ahora hasta el próximo 26 de agosto para negociar y proponer un eventual candidato a la investidura, una intención que, como ha remarcado Rull, han manifestado tanto el líder del PSC y ganador de las elecciones, Salvador Isla, como el presidente al exilio y candidato de Juntos, Carles Puigdemont. Si pasados estos dos meses no es posible investir un presidente, el Parlamento quedaría disuelto y se convocarían de forma automática elecciones para el 13 de octubre.

Toque de atención a la líder de Alianza Catalana y en Vox

Después de la intervención del líder de Vox, Ignacio Garriga, y la líder de Alianza Catalana y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, el presidente del Parlamento, Josep Rull, ha avisado ambos líderes de extrema derecha que la legislación vigente y los derechos humanos avalan que desde su cargo intente evitar discursos que vinculan la seguridad con la inmigración. «La libertad de expresión no ampara el discurso de odio o que se incite a la discriminación o la violencia», ha dicho, y ha advertido que «tomaremos decisiones si se tercia».

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