La comisión de investigación sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) se ha constituido este martes al mediodía en el Parlamento de Cataluña. Una comisión que se aprobó por unanimidad en el pleno del pasado mes de julio y que tiene por objeto analizar e investigar la actividad de la DGAIA entre el 2011 y el 2025, tras los demoledores informes de la Sindicatura de Cuentas y los escándalos por supuestos abusos a jóvenes sometidos a alguno de los regímenes de la DGAIA. En concreto, el descontrol de las adjudicaciones, el control de las prestaciones o el uso de la contratación de emergencia. Además, está la investigación de la Oficina Antifraude y un caso de una víctima de pederastia que estaba internada en un centro de la DGAIA.
El plan de trabajo, aún por definir, debe incluir el control del sistema de protección de menores, los casos de violencia sexual contra los menores tutelados, la garantía de los derechos de los menores y de las mejoras en el sistema de protección. La comisión tendrá como presidente a una de las principales figuras del grupo parlamentario del PSC, el diputado anoiense Jordi Riba. Los republicanos tendrán la vicepresidencia, con la diputada Anna Balsera, y Àngels Planas de Junts será la secretaria.
Hacer los deberes
El Gobierno, sin embargo, ya se ha puesto la venda antes de la herida, y el pasado 1 de octubre la consejera Mónica Martínez Bravo presentó en el Parlamento un dossier de las actuaciones que el ejecutivo ha llevado a cabo y del futuro «Sistema de Garantía de Ingresos en toda Cataluña». Martínez Bravo, aprovechando una pregunta parlamentaria de Vox, desgrana lo que llama el «hoja de ruta del Gobierno para reformar el mapa de las prestaciones sociales», así como la mejora del control de la externalización de la gestión de diversas prestaciones y su «racionalización o simplificación de estas prestaciones».
De hecho, es la ampliación de lo que la consejera ya adelantó en su comparecencia en la comisión de Derechos Sociales el pasado 18 de septiembre. Por otro lado, fuentes del departamento avisan que, en dos o tres semanas como mucho, ya contarán con una auditoría sobre las prestaciones que se habrían gestionado de manera presuntamente irregular. El Gobierno quiere de esta manera presentarse con los deberes hechos en la comisión y adelantar las medidas que razonan pueden haber generado las irregularidades detectadas.
Eliminación de las externalizaciones
Según afirma la consejera, el Gobierno ha eliminado la externalización de la gestión de las prestaciones, cuando el pasado 3 de junio se aprobó el decreto que regula los cambios en la dirección y que aclaraba las funciones de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y Adolescencia (DGPPIA), la entidad que sustituye a la DGAIA. En este sentido, el informe de Derechos Sociales remarca que ya «no existe un tercer actor externalizado encargado de conceder o denegar las prestaciones» como un control preventivo de conflictos de interés de las entidades y la administración.
En este sentido, recuerdan que ahora las concesiones o denegaciones se hacen desde la DGPPiA con personal propio y que solo queda externalizado «el seguimiento del plan de trabajo individualizado al cual se comprometen las personas beneficiarias de las prestaciones y que es requisito de obligado cumplimiento para ser beneficiario». Además de esta restricción de externalizaciones, el Gobierno también ha incluido como deberes reducir los trámites burocráticos y ofrecer, en un modelo futuro, una ventanilla única integrada de las dos prestaciones más solicitadas, la de Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
Ahora bien, el Gobierno recuerda que antes deberá el Estado hacer efectivo el traspaso del IMV en los términos en que se establece en el convenio de traspaso firmado el mes de julio de 2024. Un hecho que debería permitir reducir considerablemente el tiempo de resolución de expedientes. «Entre las actuaciones previstas, también está la de mejorar la comunicación de la prestación, así como disponer de indicadores con datos reales y estructurados que sirvan para acelerar la transformación de todas las prestaciones que gestiona la Generalitat de Catalunya», dos elementos que hasta ahora quedaban enturbiados en el magma de la burocracia.
