El departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha publicado esta mañana los resultados del informe definitivo de la auditoría que encargó sobre el servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP) de años anteriores. Unos servicios que alertaron a la Sindicatura de Cuentas, el desorden contable del servicio así como las denuncias a la Oficina Antifraude sobre el control de las ayudas y subsidios de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Según informa el mismo departamento, los auditores confirman las «deficiencias en la gestión del seguimiento de la prestación de extutelados en los ejercicios de 2023 y 2024». «Deficiencias» en el control y en la «revisión del cumplimiento de los requisitos» para cobrar la prestación. La auditoría realizada por Global&Local Audit, de 23 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, se ha centrado en una muestra de expedientes de los años 2023 y 2024.
En esta línea, el informe asegura que «la contratación del equipo de seguimiento intensivo no habría sido suficiente para evitar los pagos indebidos y apuntan a la existencia de deficiencias en la gestión de la prestación de extutelados y copago de los servicios de vivienda». El documento también apunta a la falta de personal, herramientas de gestión insuficientes o déficits en la interoperabilidad como carencias en la gestión de la prestación. Asimismo, el Departamento hará llegar este documento a la Comisión de investigación sobre la actividad de la antigua DGAIA que se constituyó en el Parlamento de Cataluña a mediados de octubre.
«Porcentaje elevado de pagos indebidos»
El mismo departamento, en manos de Mònica Martínez Bravo, admite que la auditoría «identifica un porcentaje elevado de pagos indebidos en los expedientes revisados». Todo ello tendría la causa en «deficiencias en el grado de diligencia en la revisión del cumplimiento de los requisitos». Según informa la consejería, se ha iniciado una revisión exhaustiva de todos los expedientes de «manera individualizada para esclarecer el alcance y las responsabilidades que se puedan derivar». De hecho, Martínez Bravo ha destinado un equipo a trabajar en ello que se ampliará en las próximas semanas.
En este sentido, la consejera advirtió en el plenario de la semana pasada en el Parlamento que a partir del 1 de noviembre, la gestión de las prestaciones para jóvenes extutelados pasará a depender de la Dirección General de Prestaciones Sociales del Departamento. Un cambio que, en principio, permitirá verificar mensualmente el cumplimiento de los requisitos mediante la comprobación automática de datos administrativos —concretamente, de actividad laboral, empadronamiento e ingresos.
Aunque será necesario un equipo especializado que haga el seguimiento del Plan de Trabajo Individualizado (PTI), donde se definen los objetivos educativos y laborales de cada joven extutelado. Por este motivo, se ha prorrogado de manera administrativa el servicio del SEVAP, hasta que se formalice una nueva contratación adaptada a las necesidades del nuevo servicio. El nuevo contrato estaría disponible el primer semestre de 2026 a pesar de que se tramite por la vía de urgencia.
