«Se concluye que los procedimientos seguidos en el período 2023 y 2024 no han garantizado que los pagos de las prestaciones económicas de los jóvenes extutelados y, en su caso, del régimen de copago para aquellos que son beneficiarios de prestaciones de vivienda, hayan cumplido con las normas y procedimientos que las regulan«. Esta es la contundente conclusión de Global&Local Audit, la consultoría que firma el informe sobre el Servicio de Valoración y Seguimiento de las Personas Jóvenes Extuteladas (Sevap) de Girona, que gestionaba los pagos y el control de las ayudas y subvenciones otorgadas por la extinta Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) a través de la Unión Temporal de Empresas Resilis-Mercè Fontanillas.
Un informe demoledor que muestra el descontrol no solo de los pagos y el derecho a percibirlos, sino también de cómo no se llevó a cabo ninguna iniciativa para recuperar el pago de los importes indebidos hechos a jóvenes que ya no cumplían los requisitos para cobrarlos. La auditoría, de 23 páginas y a la cual ha tenido acceso El Món, se ha llevado a cabo a través del estudio de 60 expedientes elegidos de manera aleatoria de jóvenes que habrían percibido ayudas económicas o de vivienda durante el 2023 y el 2024.
Una muestra basada en la distribución y que permite generalizar los resultados. De hecho, los casos analizados representan el 15% de los jóvenes extutelados que han trabajado y recibido prestaciones de la DGAIA. En concreto, 50 que recibían prestaciones genéricas y diez que eran beneficiarios de prestaciones de vivienda. El trabajo se ha llevado a cabo con los datos de la DGAIA complementados con los de la Tesorería General de la Seguridad Social. En total, se han estudiado prestaciones por un importe total de 453.748,29 euros. Es decir, 342.103,99 euros de prestaciones y 111.644,3 de prestaciones de vivienda. En total, los auditores calculan que en cincuenta expedientes de prestaciones se habrían satisfecho indebidamente 167.933,48 euros. Y, en cuanto a prestaciones de vivienda, se habrían dejado de reclamar, solo de diez expedientes estudiados, 10.903 euros.
Un aviso previo de la Sindicatura de Cuentas en un informe sobre la DGAIA
Las conclusiones del informe ya venían advertidas por la Sindicatura de Cuentas en su informe 6/2025, titulado Departament de Drets Socials: prestacions econòmiques de dret subjectiu, exercici 2022. Aquel estudio ya alertaba que «la falta de seguimiento y control eficaz en la gestión de las prestaciones» había «provocado la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos –167,56 M€ en el período 2016-2024”. Además, destacaba que un porcentaje elevado ya no se podría reintegrar porque el expediente había prescrito. Eran prestaciones otorgadas durante el gobierno de Carles Puigdemont y que también continuaron durante la aplicación del 155 y, después, con los gobiernos de Quim Torra y el de Pere Aragonès.
Este informe de la Sindicatura y la investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña detectaban cuatro tipos de irregularidades que, en resumen, enturbiaban la gestión de la DGAIA y motivaban la investigación: la adjudicación de contratos por vía de emergencia de manera reiterada; las “plazas fantasma” en los planes de trabajo dedicados a los jóvenes; defectos en el sistema de copago de los pisos tutelados y la percepción indebida de prestaciones para jóvenes extutelados. La auditoría se ha centrado, precisamente, en el copago de pisos tutelados y en las percepciones de las prestaciones, que se derivaban de los Planes de Trabajo Individual (PTI), es decir, el protocolo y el sistema para acceder a este tipo de prestaciones.
Prestaciones sin control
Los auditores contratados por el departamento que actualmente dirige la consejera Mònica Martínez Bravo analizan los PTI del Sevap de Girona. Confirman que se han hecho las revisiones semestrales que establece la normativa, que se han complementado con «contactos por diferentes canales» de los técnicos del Sevap con los beneficiarios de las prestaciones. Sin embargo, los auditores destacan que, «en general», este control «se ha basado en entrevistas con la persona beneficiaria, y con excepciones, no consta que se comprobó documentalmente o no se incorpora al expediente evidencia de la comprobación de las manifestaciones de la persona joven». Es decir, que los controladores solo se basaban en la palabra del beneficiario.
Una situación que el informe resalta porque «esta práctica ha comportado que no se detectaran casos en los cuales se daban motivos de suspensión o extinción de la prestación en el momento de la revisión del PTI o causas que requirieran minorar el importe de la prestación económica». Esto es, hacer las comprobaciones por si era necesario continuar otorgando la prestación o, si fuera el caso, recortarla. Únicamente en los casos que los técnicos tenían «sospechas de contradicción o poca claridad» se pedían documentos.
Si se confirmaba que habían recibido una prestación indebidamente, y aquí la auditoría subraya otra irregularidad, no se hacía ningún «análisis retroactivo para determinar la fecha en la cual se originaron las causas ni determinar las cuantías percibidas indebidamente hasta la fecha de la revisión». En síntesis, que la DGAIA no se preocupó de saber desde cuándo percibían las ayudas indebidamente. De hecho, los efectos de la retirada o recorte de la ayuda eran a partir de la propuesta que presentaba el técnico, y no desde cuándo podía haber comenzado a percibir indebidamente el subsidio. Además, el informe resalta que no se ha detectado ningún expediente que aplicara ninguna «reducción proporcional de las prestaciones económicas» en el caso de que el beneficiario tuviera ingresos laborales. En conclusión, los auditores no se abstienen de criticar que la DGAIA no tuviera «procedimientos normalizados con relación a estas comprobaciones». No había ningún sistema normalizado de control.
Sin seguimiento de los casos
En el detalle de las prestaciones, el estudio es demoledor. Así, en primer término analiza 32 expedientes que fueron transferidos a la UTE Resilis-Fontanillas. De estos, hay 29 en los que «no constan actuaciones efectuadas por los técnicos de la DGAIA de seguimiento» entre la otorgación de la ayuda y la derivación del expediente al Sevap que se adjudicó la gestión de las ayudas. Precisamente, de estos 29, se ha detectado que 16 incumplían los requisitos para ser beneficiarios de la prestación.
En 11 de estos casos se propuso la extinción o suspensión de la prestación cuando el Sevap se dio cuenta. Sin embargo, en ningún caso se hizo ninguna «actuación tendente a determinar posibles percepciones indebidas de prestaciones económicas tanto del ejercicio 2023 como de ejercicios anteriores, ni constan efectuadas por la DGAIA a partir de la información de la propuesta». Es decir, no se reclamaron las percepciones indebidas. Según los cálculos de la auditoría, el importe estimado que se cobró indebidamente de estos 11 expedientes fue de 33.438,06 euros.
Más casos de jóvenes extutelados con prestaciones indebidas
Además, en siete casos, si bien el Sevap llevó a cabo las revisiones periódicas, «no identificó, en el momento inicial, que se daban causas de suspensión o de extinción de la prestación». Eran causas donde el motivo del incumplimiento era, principalmente, que la persona joven extutelada ya tenía un trabajo remunerado con ingresos que superaban el 1,5 del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), es decir, el baremo para otorgar las ayudas. Una información que podrían haber obtenido con un certificado de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.
El informe evalúa diez expedientes más una vez la UTE se hizo cargo de la prestación desde el inicio de ser otorgada. En este grupo destacan 50.546,73 euros que estiman de prestaciones indebidas. En el detalle, la causa de suspensión de la prestación fue que el beneficiario residía fuera de Cataluña.
En el resto de casos, los jóvenes ya trabajaban y tenían un sueldo por encima del baremo que justificaba el cobro del subsidio. Además, hay dos expedientes que se remontan al año 2020 y 2022 y no se suspendió la prestación hasta enero de 2024, pero continuaron percibiéndola dos meses más, por importe de 6.046,56 euros. En ningún caso constan los «expedientes procedimientos para resarcir los pagos indebidos».
Las prestaciones para vivienda, también
En cuanto a las prestaciones de vivienda evaluadas, es decir, las ayudas que se perciben por utilizar un piso dedicado a los menores extutelados, la situación es bastante similar. En dos casos, los auditores reprochan que ni siquiera «se ha dado el plazo de revisión» que establece la norma de control. Además, alertan que no se ha hecho bien este trabajo de inspección y que no se ha recogido bien la información. «
«De la revisión de estos documentos y registros se observa que, en general, la información obtenida por los educadores, en lo que tiene efectos en el copago o el derecho a la percepción económica, es insuficiente o no se valida o contrasta documentalmente de manera sistemática, lo que provoca que no se conozcan hechos que tienen incidencia en las cuestiones señaladas«, sentencia el informe. Es decir, que no se ha recogido suficiente información que justifique la continuidad o no de la prestación.
Además, los auditores alertan que en tres de los expedientes revisados «no se da la correspondencia entre las manifestaciones contenidas en los PTI, la información de los registros de seguimiento de los residentes, y la que se obtiene de los datos de la vida laboral o de la información de la Agencia Tributaria». Esto es que no se habría hecho el trabajo de contraste que correspondería en un control de estas características. En total, los auditores calculan un importe indebido de 47.279 euros en estas prestaciones de vivienda, aunque se habrían reclamado por un importe inferior, de manera que calculan que faltarían 10.903 euros por reclamar.
