Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y Òmnium Cultural ya han reaccionado a la decisión de la Audiencia Nacional de dejar sin efecto la prórroga de la investigación que dictó el juez instructor Manuel García Castellón en la causa de Tsunami Democrático el 2021 y todas las diligencias posteriores, incluidas las imputaciones por terrorismo del 2023 para implicar el presidente al exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras. «Delirio», «intencionalidad política» o «relato delirante» han sido algunos de los calificativos que han usado partidos e instituciones para cargar contra el magistrado de la Audiencia Nacional. Y, además, la formación republicana ha anunciado que Rovira estudiará su retorno en Cataluña después de la invalidación del caso y la decisión del Supremo de amnistiar la dirigente republicana por desobediencia por el 1-O y, en consecuencia, levantarle la orden de detención que pesaba contra ella.
La formación ha detallado en un comunicado que «la decisión de hoy de la Audiencia Nacional cambia la situación legal de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que volverá a valorar, conjuntamente con sus abogados, las garantías legales que existen por su vuelta a Cataluña». ERC ha celebrado la decisión de la Audiencia Nacional y señala que la prórroga de la instrucción es solo «una de las irregularidades cometidas por García Castellón en este caso, en el cual siempre ha mostrado una clara intencionalidad política». Además, considera que con esta decisión, todas las personas encausadas con posterioridad a aquella fecha «quedan exoneradas de la causa». Los republicanos señalan que otra muestra de esta «intencionalidad política» es que todos los investigados, junto con personas más, fueron incluidos a la causa abierta por terrorismo en un escrito del 6 de noviembre del 2023, «pocos días después del anuncio del acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE por la aprobación de la ley de amnistía».
Lo primero a reaccionar ha sido el secretario general de Juntos, Jordi Turull, que en un apunte en la red social X, antes Twitter, ha dicho que la resolución del recurso es «el colofón del delirio y la insolvencia de este juez y de esta causa de persecución contra el independentismo por parte de #LaTogaNostra». Òmnium Cultural, que tiene su vicepresidente Oleguer Serra investigado en la causa, también ha reaccionado a la decisión. Lo ha hecho a través de su presidente, Xavier Antich, que a través de la red social ha pedido el «archivo inmediato» de la causa que, según ha dicho, «solo se aguanta sobre la sacrosanta unidad de España». «Todavía más irregularidades sumadas a un relato delirante para construir una causa contra el independentismo y nuestro legítimo derecho de protesta», ha sentenciado después de saberse que la Audiencia Nacional ha declarado la invalidez de todas las diligencias que García Castellón acordó en la causa de Tsunami con posterioridad al 29 de julio de 2021.
ERC pide que cese la «persecución judicial» para los investigados antes del 29 de julio del 2021
Por otro lado, Esquerra considera que los investigados incluidos a la causa antes del 29 de julio del 2021, como la secretaria de Movimientos Sociales del partido, Marta Molin, también tendrían que quedar «libres de cualquier persecución judicial, dado que las movilizaciones de Tsunami Democrático se enmarcan en el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a protesta». Así, los republicanos subrayan que estos hechos «en ningún caso son constitutivos de delito» y remarca que, «en todo caso, quedan cubiertos por la Ley de Amnistía».
