Òmnium Cultural continúa su batalla contra los obstáculos judiciales de la ley de amnistía. El presidente de la entidad, Xavier Antich, llevará el próximo viernes a la Comisión Europea el «bloqueo» de la medida por parte de los jueces españoles. Según ha explicado en su comparecencia en la comisión de Justicia del Parlamento, la entidad hará llegar esta situación a Bruselas en el marco del informe de situación sobre el estado de derecho en el Estado español, un documento que elaboran organizaciones sociales, culturales y políticas de todos los países miembros de la UE. Los documentos de Òmnium demuestran, en este sentido, que solo se habría aplicado correctamente la ley en el 39% de los casos amnistiables, una base total de unas 1.610 personas afectadas por la persecución legal del independentismo.
Así, Antich ha sido especialmente crítico con la «impunidad» de la violencia policial durante el Procés, así como la «doble vara de medir» que aplica la judicatura española, al respecto. El sistema judicial, lamenta, «ha sido rápido y en bloque» para los policías encausados, pero avanza «con cuentagotas» los casos de los represaliados políticos. Fuera de los casos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ha criticado el presidente de Òmnium, los jueces llevan a cabo actuaciones para boicotear la aplicación de la medida; una de las cuestiones que más enfatizará su informe a la CE. «Lo haremos señalando irregularidades y la mala praxis de la cúpula judicial», ha espetado. De la misma manera, ha reclamado a los partidos políticos que cumplan su papel en la vigilancia del cumplimiento de la ley. «Ustedes son los representantes de las personas afectadas por esta no aplicación y les toca garantizar los derechos vulnerados», ha reprochado.
La oposición de la «derecha y extrema derecha»
No es la primera vez en los siete meses de vigencia de la amnistía que Òmnium denuncia los ritmos y las formas del sistema judicial español en este ámbito. El pasado mes de octubre, en una primera evaluación de la ley, la entidad denunciaba «la oposición de sectores de la derecha y la extrema derecha española, tanto en el ámbito político como en el judicial»; y los identificaba como actores relevantes en la puesta en marcha «insuficiente y desigual» de los mecanismos legales pertinentes. Desde entonces, según el nuevo documento, se habrían incrementado las peticiones de amnistía en un 11%, hasta las 374 solicitudes, una parte reducida de las 726 causas penales y ante el Tribunal de Cuentas que sufren activistas y políticos independentistas. Cerca de un 15% de las reclamaciones totales han sido directamente denegadas, a menudo «sin una justificación clara o con criterios arbitrarios e ideológicos», denuncia Antich.
En total, pues, de las más de 1.610 personas represaliadas a quienes se podría aplicar la ley de amnistía, solo 374 la habrían solicitado, con unas 116 respuestas afirmativas por parte de los tribunales, mientras que 24 han sido denegadas. A estas últimas se deben añadir 33 resoluciones adicionales, que también han denegado la reclamación de la persona afectada, pero con archivo o absolución en la causa que había contra ella. 47 más, según el informe, se encuentran suspendidas por las cuestiones de inconstitucionalidad que gestiona el Tribunal Constitucional, así como las prejudiciales que se han elevado al TJUE. En 154 casos más «no hay constancia de respuesta judicial», un monto importante que justifica las quejas de Òmnium; mientras que las 352 restantes no se han tramitado aún.
