El Consell de la República no pasa por su mejor momento. La crisis abierta por el caso Toni Comín –por las irregularidades detectadas en su gestión financiera– y su irrelevancia política han dejado maltrecha la institución del exilio. Ahora se suman problemas laborales y financieros que afectan la estructura territorial del Consell. Así lo muestra una carta de este martes, 3 de diciembre, firmada por Carlota Canut y Roser Maresma. En la misiva, a la que ha tenido acceso El Món, Canut y Maresma, como miembros de la Junta Directiva de la Associació Cultural República Global (ACRG), se dirigen a los consejos locales de la República, es decir, las franquicias en Cataluña de la casa de Waterloo, para expresar sus quejas sobre la Junta Gestora que ha sustituido al gobierno del Consell.
La carta expone una serie de problemas financieros y laborales y los desacuerdos entre la ACRG y la Junta Gestora del Consell de la República, el equipo que después de la dimisión en bloque de su gobierno administra los recursos de la entidad. Canut, persona de máxima confianza de Comín, y Maresma recuerdan que la ACRG se «creó para dotar a los consejos locales de un soporte legal imprescindible». Es decir, un «CIF válido en Cataluña» para llevar a cabo algunas de sus actividades. Así, la ACRG fue la entidad con la que el Consell podía operar territorialmente en Cataluña, además de permitir reducir, teóricamente, costos laborales e impositivos, haciéndose cargo de la nómina de los trabajadores de la entidad.
Con la crisis abierta por la dimisión, el gobierno del Consell decidió negociar el 50% de reducción de la masa salarial y la gestión de la deuda. De hecho, el gobierno se hacía cargo de estos dos problemas. Ahora bien, la carta se queja de que la Junta Gestora «ha decidido no respetar este acuerdo del gobierno y ha querido asumir directamente la gestión de la deuda y de la reducción de la masa salarial». Una decisión que ha molestado a la junta de la ACRG, que acusa a la Junta Gestora de «incumplir» la propuesta para reducir de la masa salarial y de proponer despidos que no quieren hacer, lo que hará que la deuda «continúe aumentando» por pagos que les hacen realizar. Ante este desacuerdo, amenazan con un despido de todos los trabajadores y pasar la deuda salarial al Fondo de Garantía Salarial.
Una nueva entidad de hace un año
Según explica el documento, a principios de 2024, dos meses después de la creación de ACRG, «de mutuo acuerdo» entre los trabajadores del equipo técnico del Consell y el vicepresidente Comín, se decidió «trasladar los contratos de los trabajadores» desde Bélgica –donde estaban contratados con CatGlobal, la entidad que daba cobertura a Waterloo– a Cataluña a través de ACRG. La decisión buscaba «reducir costos de la gestión ordinaria de los contratos» así como «los costos de la Seguridad Social», que en Bélgica «son mucho mayores que en España». La medida también preveía «evitar los problemas reiterados que habían sufrido los trabajadores con la hacienda belga».
Esta maniobra, según el contenido de la carta, había supuesto, hasta el mes de abril de este año, un «ahorro de más de 6.000 euros/mes para el Consell, y la tranquilidad para los trabajadores de tener una relación contractual en Cataluña y con gestores catalanes». Los recursos de ACRG, mayoritariamente, llegan de CatGlobal, porque «allí están más protegidos» y es quien recibe los ingresos de los asociados. Los salarios se pagan a través de la entidad catalana con los fondos de CatGlobal. Esto suponía una «transferencia regular de CatGlobal a la ACRG en concepto de nóminas y de Seguridad Social de los trabajadores». Tal era la comunión entre las dos entidades que uno de los miembros de la junta directiva de la ACRG también era miembro del consejo de administración de CatGlobal.
La Junta Gestora del Consell inicia la crisis
Con la crisis abierta a raíz de las irregularidades y las dimisiones, el gobierno del Consell nombró una Junta Gestora. Ahora bien, el gobierno se encargaba de proponer la reducción de la masa salarial y la gestión de la deuda. Pero, estas dos cuestiones las ha asumido la Gestora, decisión que no ha gustado nada a la ACRG, entidad muy cercana a Comín. De hecho, la carta también carga contra los integrantes del gobierno que se han incorporado a la Junta Gestora y que, según Canut y Maresma, manejan las decisiones cuando «el objetivo de la gestora era garantizar la independencia respecto del gobierno».
La ACRG se queja también de que han intentado «por todos los medios abrir un diálogo sobre la cuestión de la reducción de la masa salarial». Intentos que han sido «ignorados». «La única respuesta de la Junta Gestora ha sido ordenar a la junta directiva de la ACRG una serie de despidos y de pagos», sentencia. Unos despidos que, a su parecer, «incumple la propuesta del 50% de la reducción de la masa salarial». La misiva expone que la ACRG ofreció una reducción del 25% del sueldo de los trabajadores o de la cantidad que corresponda hasta llegar al 50% de reducción de la masa salarial. Una propuesta que la ACRG cree que era válida para «intentar llegar a un acuerdo». También acusan a la gestora de ordenar pagos que no se llevaron a cabo por «responsabilidad financiera», ya que «habrían generado una deuda de más de 20.000 euros con la Seguridad Social».
En este contexto, proponen como junta directiva de la ACRG que, desde «CatGlobal se transfieran los recursos necesarios para pagar las nóminas y la seguridad social de noviembre, la seguridad social pendiente de julio, las indemnizaciones a los dos trabajadores ya despedidos» y continuar pagando mientras dure la relación laboral. Todo esto considerando que «la actual crisis del Consell ha disminuido sus ingresos, pero sabemos que siguen siendo suficientes para abrir una negociación». Así, dejan entrever que una de las maneras de recuperar recursos es detener las transferencias entre CatGlobal y CatCip, que hace soporte jurídico a Waterloo, que se hicieron «sin autorización» de Comín. Para Canut y Maresma, la otra opción es la disolución de la ACRG que «supone un agravio enorme para los trabajadores». Así apuestan por que los trabajadores sean despedidos y cobren del Fondo de Garantía Salarial. Una opción que, recuerdan, dejaría a los consejos locales sin NIF operativo.
