El Govern y los Comuns han llegado a un acuerdo de presupuestos en los cuales Salvador Illa vincula la formación de Jéssica Albiach a la espera de los movimientos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Aunque el acuerdo no implica que el ejecutivo catalán tenga la mayoría parlamentaria para aprobar los acuerdos, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido la firma con los Comuns y ha asegurado que es un «primer paso» hacia los presupuestos de la Generalitat de Catalunya. Paneque, en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por la ACN, ha añadido que desde el ejecutivo catalán se sigue trabajando para sumar a ERC al apoyo a los presupuestos de la Generalitat y ha asegurado que la intención del Govern catalán es tener los presupuestos «lo más pronto posible».
Sobre uno de los grandes puntos del acuerdo como es la vivienda, la consejera ha señalado que el pacto «va en la línea de asegurar que las compras estén vinculadas a un uso residencial o a un alquiler asequible» y que es una herramienta que «a través del urbanismo, y del planeamiento, de carácter temporal y delimitado geográficamente en las zonas tensionadas».
El Sindicato de Inquilinas, escéptico sobre este acuerdo
El acuerdo firmado por los Comuns y el Govern no ha caído especialmente bien al Sindicato de Inquilinas, que se ha mostrado escéptico y asegura que el acuerdo tiene «limitaciones serias«. Desde el sindicato alertan que la norma está “llena de agujeros” y piden que la limitación sobre la compra especulativa de vivienda sea mucho más clara. «Solo se debe poder comprar un piso si es para vivir en él», afirman desde el colectivo.
Desde el sindicato lamentan que el acuerdo entre el Govern y los Comuns no ofrece “garantías” de estabilidad para los inquilinos, y aseguran que la única solución es que “si alguien compra un bloque de pisos entero donde vive gente, se le debe obligar a hacer nuevos contratos con reducciones de precio” y piden que no recaiga sobre los ayuntamientos la responsabilidad de aplicar la normativa, ya que esto supone «alargar plazos». “Necesitamos una ley aplicable, sin fisuras y que acabe de verdad con la especulación con la vivienda”, aseguran.
