Esta mañana, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, explicaba la reforma «integral» de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) que la semana pasada anunciaba en el Parlamento. Una reformulación que incluso implica un cambio de nombre. De hecho, se ha rebautizado como Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Una reforma detallada a bombo y platillo en la sede nacional de la consejería, tras meses de escándalos que han tocado de lleno este servicio «esencial» de la administración catalana.
El cambio expuesto hoy también va acompañado de medidas concretas, como el requerimiento a las entidades concertadas con la DGAIA para que presenten de manera inmediata una auditoría de las cuentas de 2024. La reformulación de la DGAIA ha sido bastante bien vista por los agentes implicados, pero alertan de la falta de recursos y subrayan que no se ha especificado de dónde saldrá el dinero para afrontar una reforma que supone ampliar en 300 personas los profesionales especializados en menores en un plazo de dos años vista.
Educadores y patronales, a priori, no ven mal el anuncio, pero mantienen un ojo bien abierto y un demonio en cada oído para comprobar cuáles, cuántos y de qué manera llegan los recursos comprometidos. La consejera, en la rueda de prensa de esta mañana, se ha negado rotundamente a concretar la cifra de recursos y ha insistido en la idea de que serán los que se necesiten para llevar a cabo la reforma de la institución. Los partidos políticos también han dado su opinión sobre los cambios con críticas desde la oposición y con la cautela de los partidos que hasta ahora han protegido a la DGAIA parlamentariamente, como el PSC, ERC y Comuns.
Entidades
La Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, la Plataforma de Infancia de Cataluña (PINCat) y la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña califican, en declaraciones a la ACN, la propuesta de reforma de «necesaria y ambiciosa». Sin embargo, a pesar de ello, recelan de la disponibilidad de los recursos. Por eso, reclaman los recursos para hacerla efectiva. Las entidades celebran el enfoque del Gobierno basado en la prevención y en la reorganización, con un incremento de recursos humanos, técnicos y tecnológicos.
La transformación, para estas tres patronales, pasaría por una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector social, así como una reformulación de las fuentes de financiación de las entidades. Además, también piden que este refuerzo de recursos no solo sea para el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión y el mundo local, sino también para los agentes colaboradores que forman parte del sistema de protección y atención a la infancia, como las entidades sociales.
Educadores
En cuanto a los educadores sociales de la DGAIA reclaman participar en la toma de decisiones y en la reestructuración que se lleve a cabo. El Colectivo de Educadoras de Centros propios (CEC) advierte que siguen faltando recursos, si bien celebra el enfoque en la prevención que ha anunciado el Departamento. Uno de los portavoces del colectivo, Rubén Mora, considera que «inyectar dinero es bueno», pero recuerda que hay unas «carencias endémicas» que tiene el sistema como las sobreocupaciones de algunos centros o la «falta flagrante» de recursos terapéuticos, de recursos de salud mental y de centros de contención. Asimismo, carga contra la «privatización de recursos» desde 2017.
Por su parte, a través de un comunicado, el Colegio de Educadores Sociales de Cataluña (CEESC) «celebra» la nueva orientación de la reforma, pero también alertan que» habrá que ver cómo se concretan, qué presupuesto se destina y cómo se garantiza su aplicación efectiva«. De esta manera, temen que este proceso de reforma quede en el ámbito «declarativo». «Es esencial que se escuche a los profesionales que desde hace tiempo denuncian carencias y proponen mejoras», indican. En el mismo, apuntan que aunque la consejera ha hecho referencia a la voluntad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, «no se ha detallado cómo se garantizará la estabilidad de los equipos educativos, un punto clave que el CEESC considera imprescindible para garantizar la calidad de la atención».
Los partidos: expectativas y críticas
La reforma ha sido acogida por parte de los partidos de maneras muy diferentes, según hayan apoyado al Gobierno en esta cuestión. Así, el PSC ve «acertados» los cambios y valora la decisión como «valiente». Los Comuns piden al Gobierno que «dé voz» a quienes saben cómo construir un sistema de la DGAIA «completamente diferente». Por su parte, ERC insiste en llegar «hasta el final» con la DGAIA e insta al Gobierno a poner soluciones.
En cuanto a la oposición, Junts reclama al Gobierno que «no actúe solo». El PPC resta importancia a la reforma porque «cambian el nombre, pero el nombre no hace la cosa». Vox califica la reforma de “tomadura de pelo” y exige ir «más allá» y que haya «muchas más dimisiones”. Y, la CUP, prudente, solo ve «un titular» y espera ver «el alcance» de la reforma.
