Una profundísima crisis en la consejería de Educación, con el cese de la número dos del departamento, los médicos anunciando una huelga indefinida y, ahora, el golpe a los Mossos d’Esquadra con la dimisión de la estrella de Salvador Illa, Josep Lluís Trapero, como director general de la Policía. Este es el panorama que deja, después de dos años y paradójicamente, el mantra de la gestión como símbolo de la pacificación política de Cataluña.
Las tres M –más maestros, más mossos y más médicos– que heredaba el PSC de cuando Pasqual Maragall y José Montilla llegaron a la Casa dels Canonges se desdibujan por completo. Los tres pilares del autogobierno de Cataluña, sin entrar en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que también son harina de otro costal, se encuentran en la UCI de la gestión política. Pero el caso Trapero es especialmente significativo y duele a las bases del ejecutivo de Illa, que anunció su nombramiento en el debate electoral en TV3 durante la campaña y se presentaba como el producto estrella del orden y la eficacia. Dos años después, Núria Parlon y Trapero han terminado como el rosario de la aurora y la consejera no ha podido disimularlo en la rueda de prensa para explicar los cambios en Interior, evitando mencionar las causas y destacando que espera que los desacuerdos en algunas decisiones «no hayan sido el motivo» de la retirada de bandera del mayor como director general de Policía.
El tono y el contenido con el que la consejera Núria Parlon se ha negado a dar explicaciones del porqué de todo esto aún ha añadido más oscuridad a la decisión. «Sería entrar en especulaciones y eso es un terreno pantanoso», ha asegurado desde el Palau de la Generalitat cuando se ha anunciado oficialmente la dimisión de Trapero, que ha admitido que ya estaba sobre la mesa desde finales de agosto. Trapero deja la dirección general y Parlon se ha visto obligada a recurrir a un gran reserva de la bodega de los Mossos, el comisario Ferran López, acostumbrado a apagar fuegos y encontrar soluciones de emergencia. La crisis de Trapero venía precedida por el abandono del secretario general de Interior, el número dos de la consejería, Tomàs Carrion, sin más explicación que la de querer volver a su plaza en el Ayuntamiento de Santa Coloma.
Una retirada de cocción lenta
La retirada de Trapero como director general de la Policía era un rumor desde hacía tiempo. De hecho, el propio mayor tuvo que asegurar en sede parlamentaria que la supuesta mala relación con la consejera eran maledicencias. En todo caso, las diferentes crisis han ido erosionando la relación en el gabinete de Interior. El caso de Albert Forcades –el manifestante independentista acusado falsamente de agredir a un mosso en Montserrat–, los espías en una asamblea de docentes, diversas actuaciones de la comisaría general de Información y de las unidades antidisturbios, así como la salida del otro mayor del cuerpo, Eduard Sallent, o el poder acumulado por el intendente Toni Rodríguez, habían ido alimentando un malestar creciente en el departamento, que ha terminado de confirmar la percepción de la consejera de que su director «no le proporcionaba toda la información» que debería haberle hecho llegar, según detallan fuentes del departamento, hombros plateados de la sede de la calle Diputación de Barcelona.
La preparación del relevo que se necesitaba en la Prefectura del cuerpo, por la jubilación programada de Miquel Esquius, comenzó a ir acompañada de un rumor inquietante dentro de la consejería cuando el ambiente no era precisamente la serenidad de un paisaje suizo. De hecho, Esquius dirigía el cuerpo de manera institucional, pero quien cortaba el bacalao era la comisaria Alícia Moriana y, sobre todo, el intendente Toni Rodríguez, que, como el actual jefe de la Comisaría General de Información, Carles Fernández, declaró la guerra a Sallent cuando era el jefe del cuerpo, aliándose con Trapero, porque no los ascendió a comisario. Unas decisiones que han dejado tocadas algunas instrucciones, como la del caso Andic.
De hecho, Rodríguez ya participó en la primera rueda de prensa con Trapero como director y se hizo cargo del plan Kanpai y de prevención de la multirreincidencia. Planes espectaculares y plato principal de la tercera era Trapero, pero que no han resultado nada eficaces en cuanto a la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos. Rodríguez también fue el encargado de la persecución a Lluís Escolà, el escolta del presidente Carles Puigdemont en el exilio, que fue condenado y luego amnistiado. En todo caso, la elección de Sílvia Catà como nueva jefa del cuerpo no era la elección preferida del director Trapero y ha sido la chispa que ha hecho saltar la hoguera de las vanidades en Interior.
El papel de la oposición
Además, hay que tener presente el papel de la CUP, que a través de la comisión de Interior del Parlamento, con el hiperactivo Xavier Pellicer al frente, ha sabido erigirse en máximo representante de la oposición a las políticas de seguridad de Trapero y Parlon. Tanto fue así que en una comparecencia en el Parlamento hizo perder los nervios a la consejera, que tuvo que ser advertida por la presidenta de la comisión, Ester Capella, que le retiró la palabra. De hecho, la CUP ha celebrado la caída de Trapero como una «victoria» de las entidades antirrepresivas y de la CUP por sus «vulneraciones de derechos sistemáticas». La CUP, sin embargo, se ha quedado con hambre y también exige la dimisión de Parlon «si no hay un giro inmediato» en el departamento.
Además, la crisis con los docentes obligó al presidente de ERC a mover ficha, alentado por las bases de su partido, con muchos militantes que son docentes y que no entendían la dulzura con la que trataban la crisis. Junqueras, el pasado 9 de mayo en Tàrrega, avisó a Illa de que era necesario destituir a Trapero, aunque excluyendo esta exigencia de la negociación presupuestaria. El líder de ERC, en la 58ª edición de la Universidad Catalana de Verano, en Prada de Conflent, apuntaba que a «final del verano» habría alguna decisión en este sentido. «Las cosas necesitan su tiempo», advertía Junqueras, aunque su número dos, Elisenda Alamany, también aseguró en la UCE que el asunto Trapero «ni sabía que existía».
Crisis tras crisis: el caso Forcades y los espías de docentes, las gotas que colmaron el vaso
Los niveles de percepción de inseguridad entre la población, la parada del despliegue de los Mossos d’Esquadra en escenarios tan delicados como puertos y aeropuertos, la presencia cada vez más notoria en operaciones policiales en Cataluña del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil o las habituales disputas por los excesos de las unidades antidisturbios eran problemas «asumibles» para la consejera. Pero dos hechos traspasaron las líneas rojas de su paciencia. Un primer caso, que llegó a un juzgado, el de Albert Forcades, el activista de la ANC que fue acusado falsamente por un cabo de la Brigada Móvil de lesionarle la oreja durante la visita de los monarcas españoles a Montserrat. En dos ocasiones, Trapero y Parlon defendieron la veracidad de las acusaciones y acusaron a Forcades de portar una «[porra] extensible».
El juez, solo al ver los vídeos de los hechos, archivó la causa, porque lo que había tocado la oreja del cabo fue el gesto de un agente al confiscar una estelada que ondeaba en la punta de una caña de pescar, la supuesta «extensible». A pesar del archivo, Parlon persistió en la falsedad de la acusación. El abogado de Forcades, Jaume Alonso-Cuevillas, interpuso una querella por injurias, que preocupó mucho al departamento jurídico de Interior. Finalmente, Parlon izó la bandera blanca y pidió disculpas personalmente a Forcades en una visita institucional a su despacho de consejera. Pero la cuestión no terminó aquí, porque la consejera se dio cuenta de que Trapero «no le había dado toda la información». «Los insultos y los comentarios se escuchaban por todo el gabinete», recuerdan las mismas fuentes.
El segundo caso fue la aparición de agentes encubiertos en una asamblea de docentes. El descubrimiento y la denuncia hicieron reaccionar a la dirección general justificando su presencia como una “obligación normativa”. «La Comisaría General de Información (CGINF) tiene atribuidas por ley, concretamente por el artículo 109 del decreto de estructura de la Dirección General de la Policía, funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo referida a la conflictividad laboral y social», contextualizaba el comunicado que se emitió para intentar detener las críticas y las peticiones de dimisión. «El objetivo explícito de estas funciones es poder realizar una valoración de amenazas y riesgos», remarcaba. «No se trata de una decisión discrecional del cuerpo policial: es el cumplimiento de una obligación normativa«, terminaba el comunicado que supuso a la consejera tener que pedir disculpas por segunda vez, y con menos ganas que el inventor del melón con jamón, en el Parlamento. Con estas dos heridas abiertas, el debate sobre el relevo al frente del cuerpo terminó de torpedear una relación que se había cortocircuitado. La dimisión de Trapero configura el fracaso de la Santísima Trinidad de los poderes que otorga el Estatuto a la Generalitat: policía, educación y salud.
