Uno de los puntos fuertes de la reformulación de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), rebautizada como Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), es rehacer el sistema de control contable y financiero. Es decir, fiscalizar lo que la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, califica como «exceso de externalización». Por lo tanto, poner orden para esclarecer en qué se gastan y en qué se han gastado los fondos que el departamento cede a las entidades concertadas que prestan los servicios a los niños y jóvenes tutelados y extutelados.
Este mismo lunes, la consellera ha «enviado un requerimiento a todas las entidades para que envíen la auditoría contable de 2024″. De hecho, la entrega de los números al departamento es una obligación de las entidades contratadas, pero según ha explicado Martínez Bravo en su comparecencia de esta mañana, aún no habían llegado. «Lo hemos querido recordar no porque sospechemos de nada, sino porque forma parte de abrir una nueva etapa hacia más transparencia y mejor gobierno», ha apuntado.
«Si una entidad por su contrato o su concierto tiene la obligación de enviarnos una auditoría, deben hacerlo y nuestra responsabilidad es recordar que deben enviar esa auditoría contable y también es nuestra obligación revisarla para velar por el buen uso y la buena gestión», ha advertido. «Tienen unos plazos para enviar la documentación de 2024, pero este año hemos querido recordar que debíamos enviar esta documentación», ha remachado. Todo ello en un ambiente de sospecha y con informes demoledores sobre la gestión emitidos por la Sindicatura de Cuentas y la investigación abierta por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña.
Un primer paso
De hecho, este requerimiento se enmarca en la voluntad de agilizar la revisión de las adjudicaciones que dirige una «nueva oficina de control de la gestión que reportará directamente al director general». Esta es una de las primeras tareas de la nueva oficina de control, un control de daños y contramedidas, del último año. Además, elaborará un «plan de integridad» que será «de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de la dirección general, de las entidades locales y también de las entidades colaboradoras». El plan debe «diagnosticar los riesgos de opacidad, los conflictos de interés, la revisión y la creación de un código ético que establezca un régimen de incompatibilidades».
La exigencia de la auditoría de 2024 de las empresas y entidades será una de las tareas anuales obligadas así como «la transparencia salarial en las entidades colaboradoras». De hecho, será un protocolo de trabajo. Por otra parte, este plan prevé la creación de canales de denuncia y protección para los alertadores de posibles incidencias o deficiencias en la gestión. Al fin y al cabo, la DGAIA está investigada por la Sindicatura de Cuentas, por la Sindicatura de Greuges y por la Oficina Antifraude. Estas dos entidades investigan a raíz de denuncias de particulares o afectados por la gestión controvertida de esta dirección general altamente sensible.
Justicia e Interior
La consellera también ha informado de la reformulación con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente, con los Mossos d’Esquadra. Pero es especialmente nuevo el encargo Según ha indicado Martínez Bravo, Derechos Sociales, con la colaboración de Justicia, ha encargado un estudio al Centro de Estudios Jurídicos sobre la posibilidad de que los jueces intervengan en las custodias para que no decida solo un funcionario de la dirección general. La consellera ha indicado que no es una cuestión «fácil» y ha defendido que las recomendaciones de la síndica y el Consejo de la Abogacía «apuntan en la buena dirección». Sin embargo, ha dicho que será necesario «poner manos a la obra» en el plan de acción que se prevé hacer en los próximos dos meses.
