El Gobierno de Salvador Illa no quiere dilatar ni un minuto más de lo necesario la negociación de los presupuestos catalanes y, a pesar de no tener garantizados los votos de ERC y los Comunes, ya ha enviado la ley de acompañamiento de los presupuestos al Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC). “Debemos avanzar”, ha dicho la consejera de Economía, Alícia Romero, en una entrevista a 3Cat. Es el primer trámite del largo proceso de aprobación de los presupuestos. El dictamen del CTESC es imprescindible para poner en marcha la maquinaria y el Gobierno quiere avanzar trabajo mientras ERC y los Comunes presionan para terminar de cerrar otros acuerdos pendientes –como la recaudación del IRPF– que hasta ahora han impedido que comiencen las conversaciones formales entre las tres formaciones.
Romero ha asegurado que cuando los presupuestos lleguen al Parlamento habrá «margen para eliminar artículos o incorporarlos, hacer enmiendas» y ha afirmado que está “todo preparado” para iniciar las negociaciones. De momento, los Comunes ya han dicho que tienen ganas de poder sentarse a hablar de las cuentas del 2026, pero han recordado al Gobierno que aún deben rubricar algunos acuerdos de los suplementos de crédito del 2025, relacionados con clases de repaso, salud y vivienda. En cambio, el líder de ERC, Oriol Junqueras, decía este mismo lunes que sin un acuerdo para transferir la recaudación del IRPF a Cataluña los republicanos no negociarán ni los presupuestos catalanes ni los españoles. Romero ha admitido que tienen “prisa” por tener nuevos presupuestos y ha advertido a ERC y los Comunes que si no salen adelante Cataluña perderá 2.000 millones de euros.
Novedades de un presupuesto de futuro incierto
La consejera de Economía también ha adelantado varias novedades de unos presupuestos de futuro incierto, pero que el Gobierno no renuncia a presentar aunque después no se acaben aprobando. “Si después no pasa nada, es un trámite que se ha hecho», ha explicado Romero. Una de las principales novedades es que se suprimen hasta 19 impuestos que suponen mucha burocracia y solo aportan unos 500.000 euros a las arcas públicas. Se trata de impuestos como las cuotas por utilizar cabinas de la Biblioteca de Cataluña. También se prevén mejoras para reducir la burocracia en el sector primario y se quiere suprimir la tasa de las cofradías de pescadores por la ocupación de dominio público portuario destinada a las oficinas, las lonjas pesqueras y otras instalaciones.
Asimismo, el Gobierno quiere reducir los plazos de tramitación de anteproyectos de ley y disposiciones reglamentarias, y por ello incluye por primera vez la posibilidad de tramitarlos por la vía de urgencia, ya que lo consideran necesario en cuestiones como la vivienda. También se introduce un procedimiento para aprobar normas experimentales de carácter temporal para evaluar su eficacia y un procedimiento para establecer espacios de pruebas controlados. Otro cambio que se quiere introducir es agilizar las actuaciones de control y comprobación de la intervención general, simplificar el control interno de las entidades públicas y ofrecer la posibilidad de fiscalizar los procedimientos en la fase de resolución y no antes para acortar plazos y ganar eficiencia.
