El presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, ha desvinculado la sentencia condenatoria de la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, de la «represión independentista». Aragonès ha comparecido este jueves por la tarde para valorar públicamente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condena Borràs a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por el fraccionamiento de 18 contratos a favor de un conocido suyo cuando era al frente la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre el 2013 y 2017. El presidente catalán ha instado los grupos parlamentarios de la cámara a «encontrar bien pronto las fórmulas» para renovar su presidencia y, de este modo, hacer funcionar «con normalidad» la institución. A pesar de que no ha dicho de manera explícita si Borràs tendría que dejar su escaño, Aragonès ha remarcado que espera que «tome la decisión más adecuada» para preservar la dignidad y la honorabilidad del Parlament.
Los hechos probados «son graves»
En unas declaraciones a los medios de comunicación, Aragonès ha asegurado que los hechos demostrados a la sentencia «son graves» y «atentan contra la buena administración de caudales públicos». Por eso y con el objetivo de poder evitar que se puedan repetir situaciones similares en ámbitos institucionales, el presidente de la Generalitat ha pedido «establecer garantías».
Sin «vinculación con la represión»
Aragonés se ha mostrado convencido que la causa de Borràs «no tiene ningún tipo de vinculación con la represión política y judicial» independentista, como la que sí que han sufrido y sufren personas del movimiento por el «compromiso» con la defensa del 1-O. El jefe del gobierno catalán ha insistido que la estrategia de defensa personal «legítima» de la líder de Junts «en ningún caso se tendría que escudar en una causa como la independencia», que busca construir «un país libre y limpio de corrupción».
Renovar la presidencia del Parlament
A pesar de que la sentencia no es firme, una de las prioridades del presidente catalán es que los grupos parlamentarios «encuentren pronto las fórmulas» para que la cámara funcione con toda normalidad. ERC ya ha confirmado que no pedirá la dimisión de Borràs hasta que la sentencia no sea firme, pero sí que ha expresado que hará falta un «nuevo acuerdo» independentista si la Junta Electoral Central (JEC) interviene y lo obliga a apartarse del cargo ante la petición de Vox y el aviso de Cs y PPC de hacerlo si la presidenta suspendida no pliega
Por su parte, el PSC ha instado Borràs a hacer un «paso al lado» y «restablecer» la normalidad en el Parlament; mientras que la CUP le ha exigido la dimisión y los comunes ya han pedido una reunión a todos los grupos parlamentarios, menos a la ultraderecha, para acordar una nueva presidencia en la cámara.
