Las conversaciones del gobierno catalán con las diferentes formaciones políticas para salir adelante los presupuestos del 2024 avanzan lentamente y su aprobación, si al final se salen adelante, no cumplirá el plazo que estableció el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que a inicios de año fijó su aprobación entre finales de enero y principios de febrero. El informe que ha presentado esta semana la Generalitat sobre el cumplimiento de las cuentas del año 2023 no ha tenido el efecto deseado en Palau, puesto que PSC y comunes lo han cuestionado y ambas formaciones dejan claro que hay compromisos relevantes pendientes de ejecutar. Además, esta semana la consejera de Economía, Natàlia Mas Guix, ha presionado a las formaciones y las ha instado a «no dilatar» más las negociaciones que, según considera, están «abiertas y avances» a pesar de que socialistas y comunes aseguran que solo hay conversaciones y que no se ha entrado en una negociación a fondo.
También hay que tener en cuenta que el PSC pone cuestiones como el Hard Rock sobre la mesa de negociación que chocan directamente con los intereses de los comunes, y esto todavía dificulta más el acuerdo. Eso sí, el ejecutivo de Pere Aragonès no está en ningún caso dispuesto a llevar las cuentas en el Parlamento sin tener un acuerdo cerrado, y fuentes de Palau admiten que el trabajo avanza con «ritmos diferentes» con los diversos actores implicados, pero quieren gestionarlo con «prudencia» para llevar la negociación a buen puerto con el objetivo de lograr a un «acuerdo beneficioso para todo el mundo».
Ejecutivo abocado a «hacer equilibrios»
Expertos consultados por El Món consideran que el gobierno de ERC, con 33 diputados, está abocado a hacer «equilibrios» con las diferentes sensibilidades de las formaciones con las cuales tiene que negociar, y las negociaciones a tres bandas, con las cuentas del Estado español y la negociación al Ayuntamiento de Barcelona por el medio, pueden dificultar todavía más el acuerdo.
El profesor de ciencias políticas de la UAB Marc Guinjoan admite que «no son negociaciones fáciles y pervierten muchísimo la acción de gobierno», porque el ejecutivo tiene un programa al cual no puede llegar sin el apoyo otras formaciones. «Esto es el juego de la dinámica parlamentaria», resume. El politólogo de la UPF Toni Rodon, por su parte, señala que «no hay nada más político» que una negociación de presupuestos que dependa de tantas formaciones y, sobre todo, «con un Gobierno que tiene que hacer cuadrar tantos acuerdos». «Si se pervierten o no va en función de cada cual, pero encuentro normal que haya más o menos dificultados de pacto en el Parlamento porque es una de las leyes más importantes», reflexiona. Resalta que «el que complica más la negociación es que Esquerra no tenga un socio estable», y avisa que el PSC y los comunes se pueden hacer «vetos cruzados».
En un sentido similar se pronuncia el catedrático de la Universitat de València (UV) Albert Noguera, que considera que «cuando tienes que negociar con más partidos es más difícil llegar a un acuerdo» y esto hace que «haya más probabilidades» de tener que prorrogar los presupuestos del 2023. «Especialmente, si tienes que conseguir el apoyo de partidos que tienen modelos de presupuestos diferentes, como pueden ser los comunes y los socialistas», pero él no hablaría de si se pervierten los proyectos, porque «es un sistema parlamentario» y si el Gobierno consigue la mayoría las cuentas salen adelante.
El papel de las próximas elecciones en el Parlamento y la negociación vertical
Otro aspecto que juega un papel clave en esta negociación son las elecciones en el Parlamento que, si Aragonés no las avanza, se celebrarán de aquí en un año. Guinjoan considera clave el papel de las elecciones porque el PSC es «el actor principal de la negociación» y, además, «son los que tienen más probabilidades de ganar las elecciones» y tienen el mismo número de diputados que el partido del Gobierno. «Esto lo complica todo», sentencia. Por otro lado, Rodon remarca que esto «puede ir en contra» del Gobierno catalán y que los grupos «vendan más cara su piel», hasta el punto que PSC y comunes pueden estar tentados de no dar aprobar las cuentas a Aragonés y «hacerlo sufrir».
Además, la negociación de los presupuestos del Estado e, incluso un eventual pacto entre las tres formaciones al Ayuntamiento de Barcelona también pueden estar sobre la mesa. Así lo señala Toni Rodon, que contempla la posibilidad que haya una «negociación vertical o multinivel» entre ERC, PSC y comunes. «Es decir, un intercambio de votar unos presupuestos por los otros» y, en este sentido, deja claro que es una opción que puede ser mucho más cuestionada «desde un punto de vista de legitimidad democrática», porque no se tiene en cuenta la correlación de fuerzas de la cámara. A pesar de que fuentes de la Generalitat reconocen que hay actores coincidentes en la negociación de las cuentas catalanas y los del Estado, también remarcan que tienen «ritmos diferentes». Y, en cuanto a Barcelona, dejan claro que esta carpeta «va aparte».
Los problemas del ejecutivo de Pere Aragonès para lograr un acuerdo con PSC y comunes
El PSC mantiene la presión sobre el ejecutivo de Pere Aragonès con macroproyectos polémicos como la B-40, la ampliación del Prat y lo Hard Rock. De hecho, los socialistas cuentan con los alcaldes socialistas de las principales ciudades del Camp de Tarragona para presionar para que la Generalitat dé el «impulso definitivo» al macroproyecto que se ubicaría entre Vila-seca y Salou. Además, han incluido unas peticiones de carácter más social en ámbitos como educación, políticas de vivienda pública y un replanteamiento del modelo de seguridad del país.
Guinjoan señala que el Gobierno puede llegar a un acuerdo con los socialistas y después ser «más diligente o menos diligente» al fomentar la aprobación de una nueva pista al aeropuerto del Prat, dar los permisos al Hard Rock o pedir que haya más informas medioambientales. Un aspecto que comparte Rodon, que opina que el Gobierno siempre puede recurrir a «figuras retóricas» y encargar un estudio para ver la viabilidad del proyecto y alargar en el tiempo la decisión. Además, considera que Esquerra puede usar la carta de Madrid y jugar al «chantaje», pero opina que «el PSC ha interpretado que mostrar una cara más de derechas no los penaliza».
Aun así, fuentes de los socialistas se han mostrado contundentes y reiteran que el cumplimiento de los acuerdos logrados el 2023 «es una condición fundamental» para poder poner en marcha una negociación para las cuentas del 2024 y «superar la fase actual de conversaciones» que mantienen con el ejecutivo. Así mismo, han mostrado su decepción ante el informe de la Generalitat porque «permite concluir que hay compromisos relevantes adquiridos por el Gobierno que quedan pendientes».
Por otro lado, En Comú Podem rechaza frontalmente el macroproyecto del Hard Rock y ya han avisado los republicanos que el plan de director urbanístico (PDU) es una línea roja para su grupo parlamentario y que no apoyarán a las cuentas si lo sale adelante, a la vez que han dejado claro que no darán ningún cheque en blanco a los republicanos. En este sentido, cree que Esquerra prefiere pactar primero con el grupo que lidera Jéssica Albiach por una mera cuestión «de afinidad política» y ambas formaciones pueden llegar a pactar un acuerdo de «máximos», pero el problema viene cuando los republicanos entran a negociar con los socialistas y estos «revierten buena parte de los acuerdos a los cuales se ha llegado», como ya pasó el año pasado. Una ecuación que sitúa los comunes entre la espada y la pared en la hora de decidir si apoyan o no a las cuentas. «Están mucho desubicados en Cataluña y se tienen que situar», remata.
La dificultad de gobernar con presupuestos prorrogados
Tampoco se descarta que el Gobierno tenga que afrontar el último año de legislatura con presupuestos prorrogados, que servirían para ayudar a mantener el funcionamiento de la administración, pero complicarían la ejecución de los acuerdos logrados por el Gobierno, como pueden ser los subscritos con el sector el sanitario y el educativo. Albert Noguera recuerda que los presupuestos prorrogados «tienen ciertos límites» en políticas de gasto e ingresos porque, por ejemplo, determinadas inversiones ya realizadas no se prorrogan y créditos para gastos que ya has hecho, tampoco. Así, mismo subraya, como Toni Rodon, que todo ello «dificulta» la acción de gobierno porque la única opción que tiene el ejecutivo para ir modificando o ampliando determinados gastos es a través de decretos leyes que tendrá que validar el Parlamento. «Esto dificulta enormemente la ejecución de los presupuestos», concluye.
