Conflicto en el Ayuntamiento de Vilassar de Dalt. Una funcionaria del consistorio denuncia que el Ayuntamiento aplica una normativa española a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por encima de la catalana, que considera desplazada. El caso empezó cuando pidió la reducción de un tercio de la jornada para cuidar de su hijo menor de 6 años. El Ayuntamiento le concedió la reducción, pero con solo el 66,66% del sueldo que tenía anteriormente. Ella, en cambio, considera que le corresponde el 80%. Se ampara en la normativa catalana, pero el consistorio se niega y señala que está aplicando la normativa que establece el artículo 48.h) del Estatuto Básico del Empleado público, una norma estatal. La Síndica de Greuges le ha dado la razón, en un informe al cual ha tenido acceso El Món, y ha pedido al consistorio que reconsidere su decisión, pero este mantiene su posición.
El Ayuntamiento insiste en que tiene razón y, en un informe de réplica al cual también ha tenido acceso El Món, hace referencia a varias sentencias del Tribunal Supremo que considera que le son favorables. Alerta que podrían sentar jurisprudencia en detrimento de los derechos actuales de los funcionarios. «Se supone que se tendría que aplicar la norma más beneficiosa, específica y próxima para el trabajador, pero el Ayuntamiento me aplica la normativa española cuando aquí ya hay una ley catalana que regula esta cuestión», denuncia.
La funcionaria se pregunta «por qué un Ayuntamiento de izquierdas y feminista» sigue una sentencia del Tribunal Supremo español que parte de unos funcionarios de Alicante, en vez de aplicar la normativa catalana. Avisa, además, de que esta sentencia del Supremo puede acabar anulando la normativa catalana que actualmente aplican la mayoría de Ayuntamientos e instituciones. «Solo pido que me apliquen una ley vigente que es legal en Cataluña y que se está aplicando en todas partes», defensa. Añade que es «sorprendente» que en un país donde se supone que se está avanzando en la ley de familias y el feminismo «se esté dando este paso atrás».
Se debatirá en el pleno de este jueves
Varios grupos políticos entre los cuales Junts per Catalunya y la CUP han introducido esta cuestión en el orden del día del pleno de este jueves después de ver el informe de la Síndica de Greuges, que pide en el Ayuntamiento que recapacite y aplique la normativa catalana. Mientras tanto, se ha sindicado y está a la espera de recibir asesoramiento jurídico para llevar su caso hasta los tribunales, a pesar de que no las tiene todas sobre si podría ganar. Lamenta que los funcionarios que reclamaron en Alicante han perdido y su caso podría, incluso, sentar jurisprudencia y afectar el resto de funcionarios de Cataluña y el estado español.
