El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha comparecido en rueda de prensa minutos después de que lo PSOE ha registrado en solitario en el Congreso la “Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” y ha defendido que el texto es «plenamente constitucional«; tanto en el contenido como en su finalidad, “sin ningún tipo de dudas”.
En rueda de prensa en el Congreso, el ministro en funciones ha comparecido para informar de los «detalles» de la ley que el PSOE ha consensuado con los grupos que apoyarán a la investidura de Pedro Sánchez, especialmente con Junts y Esquerra, y ha defendido que «durante las negociaciones y las conversaciones somos discretos, pero cuando llegamos a un acuerdo somos absolutamente transparentes».
En este sentido, ha detallado que «la ley amnistiará entre el 1 enero de 2012 y hoy en día 13 de noviembre de 2023» los actos «cometidos por los líderes soberanistas» y también «personas que no han tenido ningún protagonismo público» en el proceso como «directores de escuelas, funcionarios, bomberos y policías». Por otro lado, ha señalado que quedan excluidos aquellos casos que «vulneran derechos humanos».
Félix Bolaños ha relatado que la amnistía es «un instrumento político reconocido al derecho internacional» y ha revisado las últimas normas aprobadas en otros países europeos. «Es una ley que ha registrado el grupo socialista y se ha elaborado de forma impecable desde el punto de vista constitucional» a la vez que ha añadido que es «un paso de gigante para la convivencia y el reencuentro en Cataluña».
Defensa la «mayoría parlamentaria» a pesar de registrarla en solitario
A pesar de que el PSOE ha registrado sol el texto, el ministro en funciones ha dicho que la proposición de ley «cuenta con una gran mayoría parlamentaria«, pero no ha querido decir nada más sobre por qué lo han hecho en solitario: «Respecto a la posición de las otras fuerzas políticas, ellos podrán responder mejor que yo». Así mismo, ha dejado claro que el objetivo es que la ley se apruebe «con la máxima brevedad posible tanto en el Congreso como en el Senado», pero ha evitado dar fechas concretas. Por otro lado, también dice que «tendrán que ser los tribunales» quienes decida en qué casos concretos se tendrá que aplicar la ley, sin dar más detalles sobre si afectaría casos como el de Laura Borràs o el de Gonzalo Boye.
